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Defensoría del Pueblo

“Durante junio, 5.600 menores de edad cruzaron por la selva del Darién”: Defensoría del Pueblo

La entidad colombiana expresa preocupación por la decisión del gobierno panameño de cerrar tres cruces en la frontera, lo que podría afectar los derechos de los migrantes y generar represamiento en municipios colombianos.

EFE/ Bienvenido Velasco

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido un comunicado en respuesta a la reciente decisión del gobierno panameño de cerrar al menos tres de los cruces en el Tapón del Darién, área fronteriza entre Colombia y Panamá. Esta medida incluye la instalación de una cerca con alambre de púas de aproximadamente 80 metros de longitud en uno de los puntos, impidiendo efectivamente el paso de migrantes.

En su declaración, la Defensoría del Pueblo hace un llamado al gobierno colombiano para que solicite a las autoridades panameñas considerar los principios del derecho internacional en materia de derechos humanos, refugio y protección de migrantes. El comunicado textualmente señala: "La Defensoría del Pueblo, como responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos, exhorta al Gobierno nacional a solicitarles a las autoridades panameñas observar y estar al tanto de cuán importante es tener presente los postulados del derecho internacional de los derechos humanos, refugio, accesibilidad a la satisfacción de necesidades básicas y garantías de no devolución de los migrantes, susceptibles de asilo y con necesidad de protección internacional".

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Las cifras proporcionadas por la Defensoría revelan la magnitud del flujo migratorio en la región. Durante el año en curso, aproximadamente 197.000 personas han cruzado El Darién, con un registro de 27.500 migrantes solo en el mes de junio, de los cuales 5.600 son menores de edad. Los datos indican que la mayoría de las personas que han realizado este tránsito durante este período son de nacionalidad colombiana, venezolana, ecuatoriana y china.

La entidad advierte sobre las posibles consecuencias del cierre de los cruces fronterizos. Según la Defensoría, esta medida "aumentará el represamiento de personas en los municipios receptores de migrantes, concretamente en los cascos urbanos de los pueblos que forman parte de la subregión del Urabá antioqueño y chocoano". Además, se prevé un incremento en las necesidades de protección debido a la afectación de los derechos fundamentales de la población en movilidad humana, las comunidades en tránsito y las colectividades étnicas que habitan en la zona fronteriza.

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