La Corte Constitucional de Colombia ha programado una audiencia pública para el 7 de octubre, en la que se analizará la posible modificación de la comercialización del aguardiente en el país. El debate surge a partir de una demanda contra la ley que otorga a los departamentos el monopolio en la producción de licores.
La ley demandada otorga a los departamentos el control sobre la producción de aguardiente, ya sea directamente o a través de contratos con terceros. Esta norma también permite suspender la introducción de aguardiente, tanto nacional como extranjero, en las jurisdicciones departamentales, por un periodo máximo de seis años, si se considera que el producto representa una amenaza de daño.
La Corte evaluará si este monopolio rentístico sigue siendo necesario, considerando que los ingresos fiscales provenientes de la producción y venta de aguardiente son una fuente importante para los departamentos. La audiencia pública tiene como objetivo determinar cómo proceder respecto al impacto económico de este monopolio.
En caso de que la Corte decida eliminar esta norma, los departamentos perderían la capacidad de restringir la entrada de otras marcas de aguardiente, lo que abriría el mercado a nuevas opciones. Esto podría modificar de manera significativa la comercialización del aguardiente, afectando tanto a productores nacionales como a internacionales.
La decisión que tome la Corte tras la audiencia será crucial para definir si el mercado de aguardiente continúa bajo el control de los departamentos o si se abre a nuevas dinámicas comerciales, permitiendo mayor competencia en el sector.
