La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) ha proferido cargos contra el fiscal Mario Burgos en relación con el video del interrogatorio realizado al exdiputado Nicolás Petro en agosto del año pasado, en el marco del proceso penal que se adelanta en su contra. La decisión se basa en la custodia que se le dio a la grabación, ya que al parecer desde el despacho del fiscal Burgos se omitieron controles para evitar su filtración, lo que finalmente ocurrió.
En respuesta a las acusaciones, el fiscal Mario Burgos había afirmado anteriormente que ni él ni ningún miembro de su equipo de investigación había filtrado el video. Este hecho llevó a que en octubre del año pasado se iniciara de oficio un proceso disciplinario en la Comisión para esclarecer lo sucedido.
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Según el documento emitido por la CNDJ, se formulan tres cargos contra el funcionario del ente acusador. El primer cargo se refiere a un presunto incumplimiento del deber de custodia sobre los registros de video del interrogatorio y la captura. El segundo cargo apunta a un supuesto abuso de poder en el procedimiento de captura de Nicolás Petro, con el objetivo de presionarlo para llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El tercer cargo se relaciona con una presunta extralimitación en el interrogatorio realizado, en el que se habrían hecho preguntas que vincularían al presidente Gustavo Petro, algo que no correspondería jurídicamente.
La Comisión aclaró que, mientras no se tome una decisión de fondo en lo que respecta a la justicia disciplinaria, sigue vigente la ausencia de méritos para suspender al fiscal Burgos. Por lo tanto, desde la perspectiva de esta jurisdicción, el fiscal puede continuar en el proceso contra Nicolás Petro hasta que se tome una medida definitiva sobre las faltas en las que presuntamente incurrió.
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Es importante recordar que Nicolás Petro fue capturado en julio del año pasado junto a su expareja Day Vásquez, para responder por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según las investigaciones, Petro habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en más de 1.000 millones de pesos.
