Martes, 08 de octubre de 2024
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El juego de fútbol de la semana pasada entre Nacional y Junior de Barranquilla en el Estadio Atanasio Girardot se suspendió abruptamente por una serie de episodios entre asistentes a una tribuna específica del recinto. Riñas, gritos, golpes, y posteriormente un inicio de una estampida con la presencia de armas blancas encendió alarmas de las autoridades. Los vídeos publicados por otros asistentes al juego se convirtieron en el tema del día en los medios televisivos y radiales al día siguiente. Fernando Jaramillo presidente de la Dimayor habló preliminarmente de las sanciones, y el secretario de seguridad de Medellín explicó en las diferentes entrevistas el concepto errado de que la responsabilidad recae únicamente en el privado que alquila el espacio público: Atlético Nacional. La responsabilidad es múltiple y están involucrados la alcaldía, la policía, la logística contratada y el mismo público. Igual que pasa en los conciertos, el fútbol no es diferente. No es la primera vez que hay presencia de arma blanca en las tribunas de ese estadio. En el semestre anterior el jugador uruguayo de Atlético Nacional, Pablo Ceppelini, fue impactado por el mango de una navaja en los momentos finales de un clásico contra el Deportivo Independiente Medellín, lanzado por un miembro de una de las barras rojas ubicados en la tribuna oriental.

El ex director del Dapre Víctor Muñóz, reconocido seguidor de Nacional explicó hace unas horas en redes sociales un elemento que vale la pena traer al análisis actual. En el gobierno del ex presidente Ivan Duque , se expidió el decreto 1622 de 2022 del Ministerio del Deporte donde se definieron mecanismos de control al ingreso de los estadios “que debían implementarse por etapas”. Una primera fase de diseño e implementación del Sistema de Validación Nacional con duración aproximada de 6 meses. Una segunda fase de Integración del Sistema de Validación Nacional con los comercializadores de boletería y por último una tercera fase de asociación del documento de identidad con la boleta digital e implementación de los dispositivos electrónicos que permitan la lectura. Después de haber cumplido esas fases, el decreto ordenaba: “Desarrollo futuro del Sistema de Validación Nacional. Una vez se encuentre en pleno funcionamiento el Sistema de Validación Nacional, el Ministerio del Deporte evaluará la posibilidad de implementar la tecnología de reconocimiento por biometría facial para el ingreso a los eventos de fútbol profesional.”

La ex ministra Maria Isabel Urrutia del gobierno actual no solo no implementó el decreto, sino que firmó un polémico contrato de consultoría por $4.950 millones de pesos con Alianza Pública para el Desarrollo mejor conocida como “Aldesarrollo” en el tema del sistema de validación nacional y proceso de ingreso a los estadios. Donde se advierte que la entidad contratada no instalará un sistema biométrico, sino que solamente le diría a Mindeporte cómo hacerlo en una futura contratación.

Recordemos que la Alianza Pública para el Desarrollo Integral, es una entidad descentralizada indirecta, de naturaleza pública, sin ánimo de lucro, con personería jurídica propia, autonomía administrativa y financiera, perteneciente al ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. A mi juicio, una organización de dudosa reputación que firma convenios para encontrar recursos que luego no se ve fácilmente en dónde fueron invertidos.

Claramente nada de lo descrito en el decreto se implementó. Los vándalos siguen ingresando normalmente a los estadios sin control y generando caos. Este semestre unos pocos armaron desorden en el partido entre Once Caldas y Deportivo Cali en el Estadio Palogrande de Manizales. Hace pocos meses hubo un incidente que casi termina en una tragedia en Tunja en un partido de Patriotas de Boyacá también contra el Cali.

El sistema del fútbol se debe autorregular porque lo que están logrando es meterse un autogol, y por primera vez en mucho tiempo hubo de nuevo pronunciamientos de personas que piden que se suspenda todo el campeonato, o se juegue todo a puerta cerrada hasta que se organice un sistema que permita identificar o judicializar a los vándalos. El Reino Unido lo logró en la década de los 80 con la primer ministro Margaret Thatcher, no debe ser tan difícil copiar lo que implementó la “dama de hierro”.