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JAIME ARRUBLA Jaime Arrubla Opinión

LA PLATICA EMBOLATADA

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La gestión de un funcionario público no tiene como parámetro de medida que sea honrado, que no se apropie de los recursos públicos que debe administrar. Esto elemental, se supone, es la condictio sine qua non para que pueda desempeñarse como tal. Así tenemos que la mesura fundamental para catalogar el éxito o fracaso de su gestión es que no permita que terceros se roben el patrimonio público que maneja. Para esto requiere gestión, liderazgo, experiencia. No se trata, por lo tanto, de que el funcionario no robe, sino de que no se deje robar el patrimonio público que administra.

Pareciera que no aprendemos. Algo similar a lo que ahora está pasando con la contratación para extender el servicio de internet a varias regiones apartadas ya había pasado hace 20 años con la Concesionaria del Magdalena Medio para la Ruta del Sol, que recibió un cuantioso anticipo, lo desapareció y cuando fueron a hacer efectiva la póliza de buen manejo encontraron que lo que habían entregado al Ministerio de Transporte era un borrador y no el original, que nunca se expidió. Adiós a la ‘platica’ en ese entonces y la obra se retrasó 15 años.

La historia se repite, por más que los funcionarios públicos responsables ‘trinen’ y digan que van a perseguir por todo el mundo los recursos que la Unión Temporal Centros Poblados extrajo para el paraíso fiscal de Delaware (en Estados Unidos) y se rasguen las vestiduras predicando su honradez –que no es a ellos a quienes corresponde predicarla o recordarla–, la verdad es que esa ‘platica’ de los colombianos, ahora, también se perdió. Nunca más volveremos a verla.

Se trata nada más y nada menos que de 70.243 millones de pesos, que se le entregaron a la Unión Temporal Centros Poblados, a título de anticipo en un contrato adjudicado a esta entidad para llevar los servicios de internet a nuestros jóvenes estudiantes en diferentes partes del país, en el momento con gran necesidad del servicio con ocasión de la pandemia. En estos tiempos los niños del campo colombiano no tienen donde hacer sus tareas. Si alquilan un computador, no les queda para comer. Se dice que solo el 35 % de los hogares tienen acceso a internet, y en las regiones más apartadas solo el 6,5 %. Con este episodio el servicio les llegará tarde.

Ahora, ¿qué se sigue? Desde la administración poco se puede hacer; decretar la caducidad, sancionar con la cláusula penal al contratista, lo que parece que ya se hizo. Pero, como la póliza de buen manejo que trajo el contratista es al parecer falsa –el Banco Itaú nunca la expidió según declaró–, no hay garantía para el buen manejo del anticipo, que se fue al paraíso fiscal, y mucho menos para cobrar la cláusula penal. Hasta ahí llegamos. Vendrá seguramente la Contraloría, con semejante ‘hallazgo fiscal’ a iniciar sus investigaciones y a vincular a los presuntos funcionarios responsables por tremenda negligencia. Las cabezas administrativas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se defenderán alegando que no se han robado nada, que delegaron a otros funcionarios, que hubo los comités de contratación; y jugarán para que el tema baje de perfil, pase el tiempo y los excluyan, como siempre sucede. La unión temporal estará liquidada, la plata perdida y el servicio aplazado, mientras otra reforma tributaria genera recursos para volver a contratarlo.

“La ministra ha dicho que no permitirá que el dinero de los niños de las regiones apartadas se embolate; la realidad es que ya se embolató. Lo peor para los administrados es ver cómo pasan estas cosas y los funcionarios responsables siguen tan campantes, como si ellos fueran las víctimas”.

Lo propio hará la Procuraduría para establecer si hubo faltas disciplinarias, por no atender los funcionarios cabalmente sus funciones. Incluso, la Fiscalía tendrá que investigar los presuntos y eventuales delitos por falsedad, estafa y peculado. Todo se quedará en investigaciones; los recursos se perdieron. Es la misma crónica de un país sumido en la corrupción.

Mucho tendrán que explicar los gestores públicos ante los organismos de control sobre las razones que los llevaron, contra todo pronóstico, a escoger estos contratistas que condujeron a semejante desfalco, que al parecer tienen otros contratos y relaciones que venían de antaño con algunos sectores políticos.

Sin embargo, amén de lo que pase en las investigaciones de rigor, ya va siendo hora de que exista una responsabilidad política cuando suceden semejantes negligencias. Los funcionarios que administran los recursos públicos no pueden exculparse dejando la responsabilidad solo en los contratistas o en sus subalternos; ellos también son los responsables por haberlos escogido, por no haber sido diligentes al mirar que, a pesar de presentar una buena oferta económica, no tenían la idoneidad para cumplir con lo contratado; por no haber revisado bien las garantías y las pólizas de cumplimiento; por no haber previsto una forma segura, fiduciaria, adecuada para el manejo de esos anticipos.

Los juicios políticos no son juicios por los hechos penales. Estos tienen otro estadio. Aquellos se hacen por los malos resultados administrativos, por la mala gestión pública, por la pérdida de los dineros públicos y de las oportunidades para la población. La ministra ha dicho que no permitirá que el dinero de los niños de las regiones apartadas se embolate; la realidad es que ya se embolató. Lo peor para los administrados es ver cómo pasan estas cosas y los funcionarios responsables siguen tan campantes, como si ellos fueran las víctimas.

JAIME ARRUBLA PAUCAR

Director

Revista Alternativa