El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, presentó una serie de propuestas para reformar las políticas migratorias. Según las declaraciones de Manuel Adorni, portavoz de la Casa Rosada, estas medidas buscan “cuidar las fronteras y proteger a los ciudadanos argentinos” a través de cambios en educación, salud y control migratorio.
En el ámbito educativo, las reformas permitirían a las universidades públicas cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Adorni señaló que esto se convertiría en una fuente adicional de financiamiento para las instituciones. Sin embargo, estadísticas del Departamento de Información Universitaria indican que los estudiantes extranjeros representan solo el 4,53 % del total de alumnos en universidades públicas.
En materia de salud, las medidas plantean eliminar la gratuidad en la atención médica para extranjeros no residentes. Según el portavoz, los organismos locales decidirán las condiciones de acceso al sistema de salud, lo que incluye el cobro por servicios. Como ejemplo, Adorni mencionó que en la provincia de Salta esta política generó un ahorro de 60 millones de pesos al reducir en un 95 % los gastos en atención sanitaria a extranjeros.
Además, el gobierno busca endurecer los controles migratorios mediante la ampliación de las causales de expulsión y restricciones para el ingreso al país. Adorni explicó que quienes intenten entrar con documentación falsa o presenten sospechas sobre sus motivos serán devueltos y se les negará el acceso a territorio argentino.
Las nuevas disposiciones también contemplan la imposición de penas de prisión para extranjeros que regresen al país tras haber sido expulsados y se reserva el derecho de admisión en casos de personas vinculadas a delitos o que afecten al sistema democrático. Las propuestas están generando un amplio debate en diversos sectores del país.
