El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció sobre la reforma al Sistema General de Participación (SGP), actualmente en el Congreso, y expresó preocupaciones en torno a su viabilidad fiscal. El proyecto va en el sexto de los ocho debates reglamentarios y propone un aumento significativo en los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales.
En sus declaraciones, Bonilla sostuvo que apoya la descentralización de los recursos hacia los gobiernos locales, "pero no así". Según explicó, la versión que ha salido del Congreso tras el quinto debate requeriría cambios profundos. "La versión que salió del quinto debate del Congreso es absolutamente insostenible fiscalmente. Hay que trabajar en hacerle una gran cantidad de modificaciones y es lo que estamos buscando acordar desde el Gobierno", subrayó el ministro.
El proyecto de reforma busca modificar el esquema de distribución de los recursos entre los municipios, distritos y departamentos, los cuales se destinan a financiar servicios básicos como educación, salud y agua potable. Actualmente, estos fondos se asignan de acuerdo con diversos factores, entre ellos la población, las necesidades y los niveles de pobreza en cada región.
Para sostener estos aportes, la reforma estipula un incremento en el porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) que se destinan a las entidades territoriales. Los recursos provienen principalmente de impuestos, cobros administrativos y otros ingresos del Estado. En la actualidad, el Gobierno transfiere un 23,8% de estos ingresos, pero la reforma plantea aumentarlo gradualmente hasta el 46,5% durante la próxima década.
Los defensores de la reforma argumentan que este aumento permitiría a los gobiernos locales contar con más recursos para atender problemáticas específicas de sus territorios. Además, aseguran que un sistema más descentralizado facilitaría el fortalecimiento de la gestión en áreas que requieren atención inmediata y constante.
Sin embargo, la postura del ministro Bonilla destaca la necesidad de un equilibrio entre descentralización y sostenibilidad fiscal. Mientras el debate continúa, el Gobierno busca ajustar el proyecto para garantizar que no comprometa la estabilidad financiera del país.