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Crisis en la infraestructura: más de 50 proyectos en vilo por pagos de vigencias futuras

La incertidumbre crece en Colombia ante la falta de claridad en el destino de los recursos públicos para infraestructura.

Foto: Archivo Canva

La preocupación se apodera del sector de la construcción y la infraestructura en Colombia, ya que más de 50 proyectos estratégicos están en vilo debido a los retrasos en los pagos de las vigencias futuras. Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), expresó su inquietud por la falta de desglose de los $12,5 billones destinados a esta área en el Presupuesto General de la Nación.

El descontento surge debido a la falta de transparencia en el Presupuesto General de la Nación para este año, cuyos detalles sobre el destino de los recursos públicos aún no han sido proporcionados por el Gobierno Nacional. La CCI alerta sobre el riesgo que esto representa para la seguridad jurídica y la confianza inversionista, pilares fundamentales para el desarrollo económico del país.

La polémica se intensificó cuando el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reveló que el presidente Gustavo Petro solicitó una "priorización" en el destino de los recursos del presupuesto, lo que podría implicar la reconsideración de proyectos clave como el Metro de Bogotá y la vía Mulaló - Loboguerrero. Sin embargo, la CCI también señala otras 55 obras de interés nacional en riesgo.

Juan Martín Caicedo destacó que los retrasos en los pagos de las vigencias futuras comprometen la ejecución de proyectos cruciales para el país, como el túnel de La Línea y la doble calzada de Pasto - Popayán. Además, advirtió sobre las pérdidas de empleos que esta situación está generando en el sector, con la imposibilidad de contratar cerca de 1.000 contratistas de servicios en la ANI y el Invias.

El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, también se pronunció al respecto, advirtiendo sobre las graves consecuencias que tendría no honrar estos compromisos para la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Aunque se ha establecido un límite máximo para las vigencias futuras en el 0,8% del PIB, es fundamental garantizar una gestión transparente y efectiva de estos recursos para evitar un impacto negativo en la economía y la confianza en el país.

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