En medio de un intenso debate político y jurídico, las recientes intervenciones administrativas de la Superintendencia de Salud en las EPS Sanitas y Nueva EPS han desatado una serie de controversias, alimentadas por argumentos sobre la adecuada prestación de servicios de salud y el uso eficiente de los recursos públicos.
La figura de la intervención en el sector de la salud, concebida para proteger el sistema y garantizar la calidad de la atención, ha sido objeto de serias críticas en esta ocasión, debido a diferencias significativas con intervenciones anteriores y alegaciones sobre la falta de recursos por parte del gobierno.
El Grupo Keralty, propietario de Sanitas, ha denunciado la intervención como "arbitraria" y"desproporcionada", sugiriendo incluso una "posible expropiación". Estas acusaciones podrían llevar el conflicto a instancias internacionales, especialmente considerando la participación del capital español en Keralty.
En este contexto, la comunidad jurídica y política ha expresado preocupación por posibles desviaciones de poder y abusos, lo que podría desencadenar acciones legales adicionales y tener implicaciones significativas para el sistema de salud y las relaciones internacionales del país.
En resumen, las intervenciones de Supersalud en Sanitas y Nueva EPS han abierto un nuevo frente de debate y controversia, cuyas consecuencias aún están por determinarse.
