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Paro de taxistas

Se establece un pacto de no agresión entre taxistas, conductores de aplicaciones y motociclistas

Durante la reunión se destaca el pacto de no agresión entre taxistas y conductores de aplicaciones

Hansel Vásquez

El pasado miércoles 17 de abril, la Secretaría de Movilidad convocó a una mesa de diálogo con líderes y lideresas de gremios de taxis y plataformas de transporte, en respuesta a las protestas y bloqueos que paralizaron la calle 26 cerca del aeropuerto El Dorado en días anteriores.

En el encuentro, que contó con la participación de 30 representantes de los sectores involucrados, se logró un acuerdo que apoyaría los problemas de movilidad en la capital colombiana.

Entre los compromisos adquiridos durante la reunión, se destaca el pacto de no agresión entre taxistas, conductores de aplicaciones y motociclistas, enfatizando la importancia del diálogo como herramienta fundamental para resolver diferencias. Además, se acordó no bloquear las vías de Bogotá durante manifestaciones, así como una serie de compromisos con las autoridades para prevenir futuros enfrentamientos y bloqueos viales.

Uno de los puntos clave del acuerdo es el compromiso de los conductores que trabajan en aplicaciones como Alfa, Picaminosos y ConduApp de no realizar más bloqueos viales, mientras que Taxi Imperial se compromete a no promover controles por su cuenta para bajar pasajeros de vehículos de plataformas como Uber o Didi.

La Defensoría del Pueblo se compromete a acompañar cada mesa de diálogo resultante de este encuentro, mientras que la Seccional de Tránsito y Transporte, la comandancia del Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito y la Secretaría Distrital de Movilidad revisarán y analizarán cada acción de mejora necesaria en cuanto al comportamiento y operativos realizados por las autoridades durante las protestas.

Se reafirma el mensaje de que solo las autoridades de tránsito tienen la facultad para realizar operativos de control de tránsito, y se trabajará en la revisión del modelo de estandarización y protocolo para la aplicación de infracciones, con el objetivo de garantizar su adecuada aplicación dentro del marco legal.

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