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¿Nueva estrategia sobre ‘falsos positivos’ conduce a la impunidad?

La JEP escaló a nivel nacional la investigación sobre este tipo de asesinatos para establecer si lo ocurrido se propagó por todo el país y quiénes son los responsables. Algunos casos podrían llegar a la Fiscalía General de la Nación, pero su ineficiencia preocupa. Por: Juan Diego Restrepo, Periodista de investigación

Audiencia de reconocimiento y de verdad en Dabeiba.

Investigar “de arriba hacia abajo”, así será la nueva metodología que adoptó hace pocos días la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para avanzar en el esclarecimiento y juzgamiento de altos mandos del Ejército, de agentes de Estado no integrantes de la fuerza pública y de civiles en la comisión de los asesinatos y desapariciones forzadas de personas ajenas al conflicto armado presentadas como “bajas en combate”.

Este es un nuevo paso en la investigación que adelanta, desde hace por lo menos cinco años, esta jurisdicción transicional en Antioquia, la Costa Caribe (norte del Cesar y sur de La Guajira), Casanare, Huila, Meta y Norte de Santander, que fueron priorizados por el alto nivel de ocurrencia de ‘falsos positivos’.

Hasta el momento, según reporta la JEP, se han imputado cargos a 59 máximos responsables, un avance, sin duda, pero insuficiente aún dada la gravedad de los hechos cometidos durante más de dos décadas. A la fecha, esta jurisdicción ha identificado 6.402 asesinatos que fueron cometidos entre 2002 y 2008, el periodo de mayor número de víctimas en el país.

El análisis de las zonas priorizadas arroja datos sobre las estrategias empleadas por los militares en la comisión de asesinatos de civiles, quienes luego fueron presentados como “guerrilleros dados de baja en combate”. Lo que pretende ahora la JEP con su nueva metodología es establecer si aquellas tácticas fueron replicadas en otras regiones del país y cuál sería el compromiso de los altos mandos militares y sus superiores naturales.

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En suma, lo que se pretende ahora es ascender en la cadena de mando de las fuerzas militares a tales alturas que se abre la posibilidad de que sean llamados a declarar como testigos los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos,

este último en calidad de ministro de Defensa, cargo que ocupó entre julio de 2006 y mayo de 2009, justo en un periodo de alta ocurrencia de ‘falsos positivos’.

Siguiendo esa lógica, me pregunto si también podría ser citado como testigo Camilo Ospina Bernal, el exministro de Defensa que suscribió la Directiva Ministerial Permanente 029, promulgada el 17 de noviembre de 2005, mediante la cual se desarrollan “criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley”, y que es cuestionada por crear incentivos perversos que se tradujeron en ‘falsos positivos’.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente.

Y es que justo la fase de instrucción nacional anunciada por la JEP analizará el periodo que va de 2005 a 2008, y para ello expuso tres razones: “Abarca el pico más alto de crímenes registrados; se tomaron decisiones de estrategia militar que habrían incidido en la dinámica de victimización; y con posterioridad al 2005, se habría consolidado el patrón criminal de asesinatos y desapariciones forzadas motivados por la presión de resultados”.

Lo que llama la atención de esta decisión de la JEP es que, en esta nueva etapa de investigación, podría ocurrir que se identifiquen responsabilidades de agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública que hayan “participado de manera determinante en una política de alcance nacional” que promoviera los ‘falsos positivos’. Si estas personas no se someten voluntariamente a este tribunal, “procederá una compulsa de copias, a las autoridades competentes, para que adelanten las investigaciones correspondientes”.

La compulsa de copias se refiere a la orden que da un juez para que aquellos hechos, actos u omisiones, que pueden constituir faltas penales o disciplinarias, sean investigados por otras jurisdicciones. En este contexto específico, se trata de que los casos que no tengan cabida en la JEP sean abordados por la Fiscalía General de la Nación.

Juan Manuel Santos, expresidente.

Y ahí es donde surgen los temores, pues el ente acusador ha demostrado ser altamente ineficiente en el trámite de los expedientes sobre ‘falsos positivos’. De acuerdo con datos de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano y VerdadAbierta.com, el ente acusador tiene 2.434 investigaciones activas, de ellas 1.316 se adelantan bajo el Sistema Penal Mixto Inquisitivo y sólo el 2 % ha llegado a juicio; las 1.118 restantes se rigen bajo el Sistema Penal Acusatorio, y sólo el 1 % ha llegado a juicio.

El espejo de esa ineficiencia está en el trámite de las compulsas de copias provenientes de los tribunales de Justicia y Paz, creados en 2005 para juzgar a exparamilitares que se desmovilizaron de manera colectiva bajo los acuerdos suscritos entre la comandancia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Estado colombiano representado por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Se trata de por lo menos 18 mil compulsas de copias que han sido remitidas a la Fiscalía para que sean investigadas, por lo menos, 1.292 terceros civiles y 2.133 agentes del Estado, por sus relaciones con estructuras paramilitares asociadas a las AUC. Esos procesos no registran mayores avances y la JEP está en mora de pronunciarse al respecto.

Con la decisión de esta jurisdicción transicional de escalar a nivel nacional la búsqueda de responsables de los ‘falsos positivos’ y de pretender que, en algunos casos en los que no tenga competencia, sea la Fiscalía la que los investigue, se abre un camino incierto que, me temo, tendería un mando de impunidad y protegería a los culpables de tanta barbarie.

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