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Ministerio de Hacienda

Ministerio de Hacienda no tendría competencia sobre recursos para Transmilenio en Bogotá

Fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda refutan las declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán sobre un supuesto incumplimiento del gobierno nacional en la entrega de fondos para el sistema de transporte de la capital.

Foto: Alcaldia Mayor de Bogotá

El Ministerio de Hacienda ha respondido a las recientes declaraciones del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien sugirió que un presunto incumplimiento del gobierno nacional en la entrega de recursos al distrito podría resultar en un aumento del precio del pasaje de Transmilenio. Fuentes cercanas al Ministerio aseguraron a Revista Alternativa que esta afirmación no es precisa. Según estas fuentes, los recursos mencionados no fueron incluidos en el presupuesto 2024 debido a que no están respaldados por ninguna obligación legal.

La posición del Ministerio de Hacienda se basa en precedentes históricos. Tradicionalmente, el déficit de los fondos de estabilización tarifaria ha sido cubierto por cada entidad territorial. Esta práctica se fundamenta en la autonomía que tienen las entidades territoriales para operar sus sistemas de transporte. Sin embargo, es importante destacar que la Nación proporcionó apoyo financiero en los años 2021 y 2023, en respuesta al desequilibrio generado por la pandemia de COVID-19 en los sistemas de transporte.

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Estos apoyos financieros del gobierno nacional, según la fuente, fueron reglamentados por la Ley 2155 de 2021 y la Ley 2299 de 2023. La legislación más reciente establece que las autoridades territoriales son responsables de determinar los efectos económicos adversos derivados de diversos factores, incluyendo costos actuales, número de usuarios, riesgos operacionales y aquellos generados por la pandemia de COVID-19.

La Ley 2299 de 2023 también otorga a las entidades territoriales la facultad de adelantar, hasta el 31 de diciembre de 2023, renegociaciones de las condiciones económicas y de distribución de riesgos de los contratos con operadores y concesionarios privados. El propósito de estas renegociaciones es garantizar la reducción de costos y asegurar la prestación continua y eficiente del servicio público de transporte.

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