El comunicado firmado la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo de Estado y el presidente de la Corte Constitucional, señala enfáticamente que rechaza cualquier tipo de violación a la intimidad a través de interceptaciones y posibles chuzadas.
Dice además que los hechos que han sido puestos en conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, de verificarse, "ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia".
Le piden al Gobierno Nacional "las garantías para el cumplimiento de nuestra labor y solicitamos a la Fiscalía General de la Nación adelantar con celeridad las investigaciones pertinentes para esclarecer una situación que afecta directamente al magistrado Ibáñez, su señora esposa y a su equipo de trabajo, a quienes expresamos nuestra solidaridad y respaldo".
