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Álvaro Leyva

Los pecados de Álvaro Leyva

Violación de la ley, desconocimiento de los principios de transparencia y moralidad, así como comportamiento caprichoso, son los argumentos de fondo que expone la Procuraduría General de la Nación para suspender al canciller por tres meses de su cargo

Foto:Presidencia de Colombia

El lunes 31 de julio de 2023, el Comité Evaluador —conformado por seis expertos en temas jurídicos, financieros, técnico económico— que pertenece al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores presentó su informe final sobre la licitación pública 001 de 2023 para la elaboración de los pasaportes, custodia y entrega a los ciudadanos colombianos a un precio fijo unitario, sin derecho a reajuste.

La suerte estaba echada para los participantes que habían cumplido al pie de la letra cada una de las etapas establecidas en la licitación. El informe presentado por el Comité Evaluador concluyó que la propuesta presentada por la Unión Temporal Pasaportes 2023 (Thomas Greg & Sons de Colombia S.A.) “estaba habilitada en los componentes jurídico, financiero y técnico-económico”.

Por ello, el Comité Evaluador le otorgó 1.000 puntos, de 1.000 posibles. En otras palabras, le dio una calificación de excelente. Esa mañana también se conoció que la propuesta presentada por la Unión Temporal Libretas 2023, había sido rechazada.

Entonces, el Comité Evaluador sustentado en la evaluación presentada y con el visto bueno del Comité Asesor de Contratación de la entidad, recomendó al ordenador del gasto adjudicar oficialmente la licitación pública para la elaboración de los pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons, que además llevaba desde el 2007 en el proceso de elaboración y entrega de pasaportes a los colombianos.

La sorpresa

Pero ese mismo día, la historia cambió. La recomendación del Comité Evaluador de adjudicar la licitación no se siguió por parte del secretario general del Ministerio de Relaciones, José Antonio Salazar Ramírez, quien expidió la resolución 5778 suspendiendo el proceso de licitación, bajo el argumento que se había radicado en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, una acción popular mediante la cual se buscaba “la protección de derechos e intereses colectivos, a la moralidad pública, a la libre competencia y al patrimonio público, que consideraban vulnerados en el trámite del proceso licitatorio”.

En palabras claras: un palo en la rueda para lograr parar la licitación por la enorme molestia expresada públicamente por el presidente Gustavo Petro que “en su gobierno no se entregaría licitación alguna con un solo proponente”.

A partir de ahí, con la licitación oficialmente adjudicada al grupo Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., el canciller Álvaro Leyva cometió un rosario de irregularidades, sin importar las consecuencias para la Nación, con el fin de cumplir la exigencia pública de su jefe el presidente Petro. No le importó que el país esté a las puertas de pagar una multimillonaria demanda —más de 300 mil millones de pesos—, ni pasar por encima de las recomendaciones jurídicas, con tal de declarar desierta la licitación y empezar un nuevo proceso.

Los hechos ocurridos en los siguientes cinco días dejaron en claro que el canciller Leyva tenía un solo objetivo: tumbar la licitación que oficialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores había adjudicado el 31 de julio del 2023.

Foto:Presidencia de Colombia

¿Qué pasó en esos cinco días? El 1 de septiembre el secretario general, José Antonio Salazar profiere una nueva resolución —7011— con la cual decide reanudar la licitación, por la sencilla razón que en el momento de la adjudicación el Tribunal Superior de Bogotá no conocía de manera oficial la acción popular interpuesta ara frenar el proceso licitatorio de los pasaportes. El 4 de septiembre, Salazar fija para el día 5 la audiencia pública en que se dará a conocer que Thomas Greg & Sons es la empresa seleccionada para la elaboración de los pasaportes.

Pero el 5 de septiembre del año pasado, la historia dio un giro radical. El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, expidió la Resolución 7076 por medio de la cual “se reasume la dirección del proceso contractual de la licitación pública No. LP-001-2023, proceso que venía siendo direccionado por el secretario general del Ministerio”. E informa que para el día 13 de septiembre se llevará a cabo la audiencia de adjudicación.

Ese 13 de septiembre del año pasado el canciller Leyva tomó una sola decisión: por medio de otra Resolución —7540— y de un plumazo declara desierta la licitación de la elaboración de los pasaportes, por encima de la decisión que había tomado su propio equipo de haberla adjudicado oficialmente el 31 de julio.

No, es no

Para la Procuraduría el trabajo realizado por el Comité Evaluador del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, cumplió a cabalidad su trabajo y en cada uno de sus informes señala por qué se rechazó técnica y jurídicamente la propuesta de UT Libretas y por qué le otorgó una calificación de 1.00 puntos sobre 1.000 a UT Pasaportes 2023.

Uno de los temas que llamó la atención de los procuradores delegados ha sido la argumentación por la cual el canciller Leyva decide declarar desierta la licitación, a pesar de las evaluaciones técnicas realizadas por su equipo de trabajo. El canciller esgrimió, entre otras razones, las observaciones presentadas por otros oferentes que al final se abstuvieron de participar en la licitación. Y menciona específicamente a seis empresas internacionales a las cuales “no se les garantizó el principio de pluralidad de oferentes”.

Y señala un hecho gravísimo “que al cierre del proceso se presentaron “aparentemente” dos proponentes, la realidad demostró que se trató de un solo proponente, en tanto uno de los dos, decidió no presentar formalmente la propuesta como tal y subirla al SECOP II. Por ese motivo el Comité Evaluador solo calificó la propuesta de la empresa UT Pasaportes 2023”.

Para la Procuraduría los argumentos del canciller no tienen sustento. Por la sencilla razón que el Comité Estructurador había respondido oficialmente cada una de las observaciones que fueron presentadas por las eventuales empresas que querían participar en la licitación.

Pero los pecados de Leyva no solo se limitaron a desconocer los informes técnicos de sus subalternos ni la decisión oficial de la adjudicación de la licitación a la UT Pasaportes 2023, sino también ignorar todas las audiencias de conciliaciones emanadas por el Comité de Conciliaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la propia Procuraduría.

La Procuraduría estableció que el Comité de Conciliación del Ministerio, aprobó por unanimidad el 24 de noviembre del 2023, la recomendación realizada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de realizar una serie de mesas de trabajo con UT Pasaportes 2023, para buscar múltiples formas de conciliación y evitar las demandas millonarias contra el Estado. A pesar de ello, de acuerdo con la investigación de la Procuraduría, la decisión del canciller Leyva era no conciliar.

De esa manera el canciller desconoció los mandatos legales y las reglas internas del Ministerio que le indicaba que la declaratoria desierta de la licitación sólo procedía en que ninguna de las ofertas cumpliera las condiciones establecidas. Y el Comité Evaluador había dado un concepto oficial que UT Pasaportes 2023 cumplía con toda la normativa y había sido calificada con mil puntos sobre mil.

Pero pudo más la terquedad del canciller que hizo oídos sordos a todas las instancias que le advirtieron. Primero, que declarar la licitación desierta no era viable legalmente y segundo, que la conciliación era el camino para evitar una multimillonaria demanda. Pero su respuesta queda consignada en las palabras de la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora: “A mi no me importa que condenen al Estado, ¿o es que usted va a ir a notificarme en la tumba?”. Por lo pronto la Procuraduría lo notificó de tres meses de suspensión de su cargo.

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