Entre el apoyo y el rechazo, así son los días y las noches de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde el 15 de marzo de 2018, cuando abrió sus puertas a la ciudadanía y comenzó las labores encomendadas en el Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, tras cuatro años de intensas negociaciones en la ciudad de La Habana, Cuba.
De acuerdo con ese pacto suscrito a nombre del Estado colombiano por el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el máximo jefe del grupo insurgente, Rodrigo Londoño, la JEP ejercerá “funciones judiciales de manera autónoma y preferente sobre los asuntos de su competencia, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al derecho internacional humanitario o graves violaciones de los derechos humanos”, cometidas antes del 1 de diciembre de 2016.
¿Quiénes se sientan en el banquillo de los acusados? Desde hace poco más de cinco años, comparecen ante los jueces aquellos que fueron guerrilleros y dejaron sus armas tras la firma del Acuerdo de Paz, así como miembros de la Fuerza Pública, agentes del Estado no combatientes y terceros civiles.
Aquellos que son aceptados en esta instancia judicial para obtener penas alternativas no mayores a ocho años, deberán “aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición”. Las normas que regulan la JEP precisan muy bien esas obligaciones.
Así, aportar verdad plena, implica “relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades”. Y en caso contrario, cuando ese aporte se presente “de manera dolosa información falsa, o incumpla cualquiera de las condiciones del sistema, perderá el tratamiento especial de justicia”.
Un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia precisa que, al 31 de marzo de 2023, habían 13.665 personas sometidas a la JEP que suscribieron actas de compromiso y sometimiento, de ellas el 72,1 % corresponden a excombatientes de las Farc-Ep; el 26,6 % a miembros de la Fuerza Pública; el 0,7 % a agentes del Estado; el 0,5 % a terceros civiles; y el 0,1 % a la protesta social.
Tensión constante
Nos son pocos los pronunciamientos adversos a la JEP que se han escuchado desde su concepción y puesta en marcha, hace ya más de cinco años. Los argumentos en este sentido provienen de sectores de la derecha colombiana que se han inclinado por una salida bélica del conflicto armado interno y por restarle fuerza al concepto de verdad que reclaman miles de víctimas a lo largo y ancho del país, sobre todo aquella que tiene que ver con el estamento militar.
Uno de sus más enconados detractores fue el presidente Iván Duque. El 10 de marzo de 2019 presentó ante el Congreso de la República seis objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP que reglamentan su funcionamiento, decisión que fue interpretada como el intento de torpedear uno de los puntos centrales del Acuerdo de Paz.
El mandatario cuestionó aspectos como la reparación a las víctimas por parte de los victimarios, refiriéndose a los antiguos guerrilleros de las Farc-Ep, por cuanto no establecía claramente sus obligaciones para repararlas integralmente; la suspensión de procesos penales contra personas que son acogidas a la JEP; la categorización de “máximos responsables” por cuanto renunciaría a la acción penal contra quienes no lo son y que también estarían vinculados a crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra; en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad”.
Así mismo, puso reparos a la manera cómo se concibió la extradición en sus normas, sobre todo en asuntos relacionados con la práctica de pruebas y los términos para concederlas o negarlas; y en las limitaciones de las competencias de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para verificar quiénes pueden ser reconocidos o no como integrantes de grupos armados ilegales.
Tales objeciones fueron rechazadas por la Corte Constitucional tras considerar que no alcanzaron las mayorías necesarias en el Congreso de la República para ser aprobadas, lo que significó para el mandatario de los colombianos firmar la Ley Estatutaria de acuerdo a lo pactado con la extinta guerrilla de las Farc-Ep, sin duda un golpe duro para sus pretensiones de ponerle trabas a la JEP.
“Un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia precisa que, al 31 de marzo de 2023, habían 13.665 personas sometidas a la JEP que suscribieron actas de compromiso y sometimiento”
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Las críticas de Uribe
Pero tres años atrás, el entonces senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, había comenzado a exponer públicamente sus posturas críticas contra la JEP, afincándose en el tratamiento que recibirían los miembros de la Fuerza Pública en este tribunal transicional, sobre todo aquellos presuntos responsables, como máximos responsables, de crímenes de lesa humanidad.
En un comunicado, Uribe Vélez planteó que “del texto integral de justicia se desprende que integrantes de las Fuerzas Armadas y civiles serán sometidos a un tribunal con unos jueces nombrados por organismos y con perfiles que acuerden el Gobierno y la Farc, esto es, militares y civiles quedan a disposición del Tribunal y de los jueces de la Farc”.
Su mayor preocupación era que se igualaran las obligaciones constitucionales de los altos mandos militares y policiales, con las actividades insurgentes de los jefes guerrilleros de las antiguas Farc-Ep: “Queda claro que igualan las responsabilidades de los comandantes institucionales con los cabecillas criminales, cuando la misión de los primeros es la protección de la ley y de los ciudadanos, y la vocación de los segundos es el delito, así lo llamen derecho a la rebelión”.
Tras los avances alcanzados en la JEP sobre asuntos tan sensibles como las ejecuciones extrajudiciales, llamados ‘falsos positivos’, que involucran a altos mandos del Ejército y que ocurrieron durante buena parte de su mandato (2002-2010), Uribe Vélez persistió en cuestionar las labores de este organismo transicional. Así lo expresó en su cuenta de X en septiembre pasado: “Tampoco puedo reconocer la JEP: ambas impuestas por Farc, por Cuba y Venezuela”.
Ahora Petro
Lo paradójico es que, desde el actual Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, también se han lanzado dardos contra la JEP, toda una sorpresa. Las críticas provienen del canciller de la República, Álvaro Leyva Durán, un gestor de la ley que le dio vida a este órgano transicional durante su vinculación al proceso de negociaciones en La Habana.
El alto funcionario de gobierno expuso su controversial punto de vista en días pasados en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Colombia, durante la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU sobre el país.
“La institución modelo para el mundo entero, aquella diseñada para hacer justicia tras décadas de horrible conflicto interno, más concretamente la Jurisdicción Especial para la paz, se esté descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”, afirmó Leyva.
Su molestia proviene de la resistencia de la JEP a admitir a antiguos jefes paramilitares en su jurisdicción, algo que parecía zanjado, pues ellos tuvieron su propia ley transicional, conocida como Justicia y Paz (Ley 975 de 2005). Pese a ello, para el canciller, este organismo debería admitir a quienes, en el pasado, fungieron como jefes de estructuras contrainsurgentes y se aliaron con sectores políticos y económicos para, supuestamente, combatir a las guerrillas.
La crítica de este funcionario se centra en la posible “verdad” que tienen aún reservada los exjefes paramilitares, que no fue expuesta en los tribunales de Justicia y Paz, y que, a su juicio, la JEP está impidiendo que sea escuchada. “Se ha limitado la comparecencia de quienes tienen derecho a esta justicia especial y se ha condicionado el relato de la verdad, cerrando e impidiendo el paso a que esta, la verdad, llegue plenamente a la JEP.
El presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, le salió al paso a esas críticas y reiteró que este órgano judicial es “independiente de todos los poderes públicos”, agregó que allí se han tomado “decisiones con absoluta independencia de todos los poderes públicos, únicamente sometida a los mandatos de la Constitución Política y a las normas que rigen el Estado de derecho” y dejó claro que el hecho de que haya sido creado “en virtud del Acuerdo Final de Paz no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes del mismo. Por lo tanto, al Gobierno y a las extintas Farc-Ep no les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP”. El debate está lejos de cerrarse.
No es tarea fácil
Desde su concepción y puesta en marcha, se intuía que el trabajo de la JEP no sería sencillo, pues se reabrirían muchas heridas con las versiones de los exjefes guerrilleros y se expondrían crímenes que tocarían estamentos institucionales, como ha ocurrido con los militares que han reconocido su responsabilidad en los llamados ‘falsos positivos’.
Para avanzar sus tareas de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de múltiples crímenes cometidos en razón del conflicto armado, se han abierto once macrocasos, que condensan un grupo de delitos con profundas afectaciones en las comunidades rurales y urbanas.
Secuestro, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento de menores, victimización de la Unión Patriótica, crímenes contra los pueblos étnicos y violencia basada en género, hacen parte de los crímenes que se investigan en la JEP, y que involucran a antiguos guerrilleros de las Farc-Ep y a miembros activos y retirados de la Fuerza Pública.
Desentrañar lo ocurrido en más de cinco décadas de guerra, establecer los patrones criminales, esclarecer por qué ocurrieron esos crímenes e identificar plenamente a los máximos responsables y juzgarlos se ha convertido en la obsesión de quienes trabajan intensamente en las distintas áreas de la JEP.
Si bien no ha proferido sentencia alguna, los logros alcanzados hasta ahora por este organismo transicional son claves para entender varias dinámicas bélicas. Se destacan, por ejemplo, el reconocimiento de responsabilidad de siete exintegrantes del secretariado de las Farc-Ep en el secuestro de agentes de policías, militares y representantes de la clase política para intercambiar por guerrilleros presos, así como de delitos ligados a ese flagelo, como homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual y tortura.
Además, resalta la imputación por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra diez antiguos miembros de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de las extintas Farc-Ep “por realizar ataques a la población civil que produjeron una afectación sistemática al derecho, a la identidad cultural de los pueblos ancestrales indígenas y afrocolombianos y las comunidades campesinas” asentadas en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
Asimismo, se destaca la imputación por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el general en retiro Mario Montoya y ocho militares más por 130 ‘falsos positivos’ perpetrados en el oriente antioqueño entre los años 2002 y 2003. Al respecto, la JEP precisó que estos delitos “no pueden entenderse sin el marco institucional de exigencia de mejores resultados operacionales, como parte de la política de seguridad de la época”.
Tal imputación se configuró, a juicio de la JEP, “por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas “en combate”, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados”.
Hasta el momento, este organismo judicial, que dispone de 20 años como máximo para adelantar sus tareas procesales no ha dictado ninguna sentencia contra los que considera los máximos responsables, es decir, contra aquellos que tuvieron “una participación determinante en la política criminal o en los ilícitos más graves y representativos”.
Las labores de los equipos de las distintas dependencias de la JEP no han pasado desapercibidas para quienes, desde las sombras, observan sus avances. Este año se han conocido varias amenazas contra magistrados y sus auxiliares, así como contra los comparecientes y sus familias, y algunas víctimas, todos ellos relacionados con las investigaciones sobre los llamados ‘falsos positivos’.
En suma, son muchos y de diversos sectores, a los que les incomoda la JEP, lo que podría significar que, como se piensa coloquialmente, está haciendo bien su labor.
