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General (r) Mario Montoya: contrainsurgente extremo

Es el oficial de más alto rango del Ejército imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz por crímenes de guerra y de lesa humanidad. De acuerdo con múltiples versiones, su paso por la comandancia de la IV Brigada del Ejército le costó la vida a cientos de inocentes

La JEP imputó el pasado 30 de agosto por primera vez a un excomandante del Ejército colombiano, al acusar al general (r) Mario Montoya, junto a otros 8 militares, de 130 ejecuciones extrajudiciales (conocidos en Colombia como ‘falsos positivos’) en el noroccidente del país.

Por: Juan Diego Restrepo

Periodista de investigación

Amigo de “medidas radicales”, el general (r) Mario Montoya se congraciaba con frecuencia de los resultados obtenidos durante la primera incursión a gran escala realizada en áreas urbanas del país contra grupos insurgentes por fuerzas especiales del Ejército bajo su mando, con apoyo de la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana: la Operación Orión.

Realizada en la Comuna 13 de Medellín entre los días 16 y 17 de octubre de 2002, y continuada durante varios meses más, esta acción militar mostró la nueva cara de la guerra en Colombia: la contrainsurgencia extrema liderada por Montoya desde la IV Brigada del Ejército, con sede en la capital antioqueña y jurisdicción en 92 municipios de Antioquia y uno más del Chocó.

¿Y por qué digo extrema? Las evidencias judiciales y extrajudiciales recolectadas en los últimos 20 años sobre esta operación, y otras más realizadas bajo su mando, revelan varias características que no se habían observado en ciudad alguna para los inicios del siglo XXI: alto nivel de violencia contra la población civil, allanamientos sin orden judicial, capturas arbitrarias, detenciones selectivas y desapariciones forzadas; participación de un centenar de militares entrenados por asesores estadounidenses; y articulación con grupos paramilitares asociados a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Óscar Parra Vera y Catalina Díaz Gómez.

A sangre fuego

Pese a las denuncias de las comunidades y de diversas organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, sobre las violaciones a los derechos humanos durante la acción militar y la ocupación que vino después, el relato de Montoya era triunfalista.

Así se lo expresó al diario El Espectador cinco días después de la cruenta incursión: “Siento que le hemos cumplido al pueblo colombiano. Orión es un referente para el país y queda demostrado que cuando hay voluntad militar y política para adelantar operaciones urbanas, se cumplen”.

Para la época de aquellos hechos, decenas de barrios de Medellín estaban bajo el dominio de las milicias urbanas de las guerrillas de las Farc y el ELN, así como de los Comandos Armados del Pueblo. De eso sabía bien Montoya, quien había asumido el cargo de Comandante de la IV Brigada en diciembre de 2001, bajo el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

A comienzos de 2002, a este “contrainsurgente extremo” le faltaba eso que llamaba “voluntad política” para actuar con contundencia contra los alzados en armas urbanos, pero no tuvo que esperar mucho porque ocurrieron dos hechos favorables a su ímpetu militar: el primero de ellos fue la posesión de Álvaro Uribe como presidente de Colombia el 7 de agosto de ese año con un férreo discurso contra las guerrillas; y el segundo, la conformación en la capital antioqueña de una fuerte estructura paramilitar.

Ambas circunstancias le darían a Montoya el impulso necesario para planear con la osadía que lo ha caracterizado un plan contrainsurgente extremo contra las milicias urbanas en Medellín. Tenía el apoyo político y, según Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, el respaldo paramilitar. Así lo confirmó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York mediante un escrito fechado en febrero de 2009.

“La ocupación de la Comuna 13 durante la Operación Orión, por la Policía colombiana, Ejército y paramilitares, fue adelantada por razones políticas para sacar a las guerrillas del área en un esfuerzo para ayudar a la comunidad. La comunidad y las agencias de seguridad del Estado pidieron ayuda al BCN (Bloque Cacique Nutibara) para librar al sector de guerrillas”, se lee en el documento rubricado por el exjefe paramilitar, recluido en un penal del país norteamericano desde mayo de 2008, donde purga una condena de 31 años por narcotráfico.

Además, aseveró que las “Autodefensas del BCN fueron al área de la Comuna 13 como parte de una alianza con la IV Brigada del Ejército, incluyendo al comandante general Mario Montoya, y el general de la Policía Leonardo Gallego, el comandante de Policía de Medellín”.

“Las evidencias y los testimonios precisan que se habría mantenido a medida que iba escalando en su carrera militar porque le era funcional a su macabra estrategia de guerra contrainsurgente: los llamados ‘falsos positivos’”

Audiencia de Reconocimiento de Verdad sobre el asesinato y desaparición forzada de personas presentadas como ‘falsos positivos’, en Dabeiba, Antioquia.

Litros de sangre

Esa presunta articulación de Montoya y de oficiales y suboficiales bajo su mando con grupos paramilitares, que está documentada en tribunales de Justicia y Paz, así como de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue más allá de la Operación Orión.

Las evidencias y los testimonios precisan que se habría mantenido a medida que iba escalando en su carrera militar porque le era funcional a su macabra estrategia de guerra contrainsurgente: los llamados ‘falsos positivos’, razón por la que fue imputado en calidad de autor por crímenes de guerra y lesa humanidad.

De acuerdo con la JEP, los grupos paramilitares habrían desempeñado diversos roles durante la comandancia de Montoya en la IV Brigada que permitieron concretar crímenes conjuntos contra la población civil ajena a la guerra: “[…] el cambio de brazaletes en presencia de civiles, el patrullaje y los retenes conjuntos, el escalonamiento operacional, entre otros, son signos de una connivencia pública y visible, que se tradujo tanto en la consolidación del control paramilitar sobre algunas cabeceras municipales del oriente antioqueño entre 2002 y 2003, como en las modalidades criminales desplegadas”.

Los hechos demuestran que el calificativo de contrainsurgente extremo, aplicado a Montoya, no es exagerado; fue justamente esa filosofía, cultivada en la Escuela de las Américas en Estados Unidos, la que lo llevó a exigirle a los hombres bajo su mando “litros de sangre” para mostrarle a sus superiores que se iba ganando la guerra. Se le olvidó en medio del fragor de los reiterados crímenes que la memoria de las víctimas es imborrable y el reclamo de justicia es un grito difícil de silenciar.

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