“Preocupa que Petro no esté midiendo las consecuencias que puede tener su propuesta. No solo por la burla que tiene para las víctimas, sino por el engaño que entraña para los colombianos”
POR: Pedro Medellín
Director Revista Alternativa
Se le fueron las luces al candidato Gustavo Petro con su propuesta de perdón social. No solo porque le está abriendo la puerta a los delitos que no toca, sino porque al invocar el concepto de perdón desarrollado por el filósofo francés Jaques Derrida, con evidente intención, está queriendo confundir a los colombianos en uno de los temas que más los angustian.
Hay que comenzar por decir que, creer que el perdón entre víctimas y victimarios ya está saldado y superado, resulta un insulto a la dignidad de los primeros y una invitación a seguir con la impunidad de los segundos.
El perdón es el fundamento de la acción que busca restaurar el tejido social que la brutalidad de la guerra desgarró. Ese es el propósito de Derrida. En esa dirección apunta su apuesta por perdonar lo imperdonable. Esto es, que para que las sociedades puedan reencontrarse, que víctimas y victimarios puedan coexistir, deben llegar a un perdón que comienza con el propósito de reparar lo irreparable.
Es absolutamente claro, que ese esfuerzo de perdón está referido a la brutalidad de la guerra; al desgarramiento que produjo un conflicto tan cruento y desigual, como el que se ha vivido en el país. Pero la acción hacia el perdón arranca con la actitud generosa que asumen los victimarios. Resultan absolutamente comprensibles los sentimientos de indignación y furia que pueden arrastrar las víctimas (y quienes las acompañamos), al ser revictimizadas cuando tienen que ver a sus victimarios pasearse por los pasillos del Congreso, ejerciendo (ellos sí) sus «derechos» restablecidos.
Todos tenemos que hacer un gran esfuerzo en esa dirección: trabajar porque el tejido social que desgarró el conflicto, se restablezca y sea reparado. Y que el perdón, por más complejo que sea, arranque después de la verdad y la reparación.
Pero cuando se habla de perdonar lo imperdonable ni Derrida y nadie está hablando de los delitos de corrupción o de los delitos cometidos por verdaderas empresas criminales, ahora enriquecidas apropiándose de los recursos públicos.
Plantear un perdón social para esos delincuentes es una burla a las víctimas y una invitación a los victimarios (y a los criminales) para que sigan en su carrera de violencia. Por supuesto que va a ser poco, muy poco, lo que estos criminales van a poder aportar a un proceso de restauración del tejido social.
Ante esa realidad, resulta imposible ocultar el propósito electoral de la propuesta con la que el Pacto Histórico no busca otra cosa que sumar unos pocos votos que se puedan mover en las áreas de influencia de esos criminales.
Preocupa que Petro no esté midiendo las consecuencias que puede tener su propuesta. No solo por la burla que tiene para las víctimas, sino por el engaño que entraña para los colombianos ilusionados con una sociedad en paz. Si Petro pretendía restablecer el tejido social que la barbarie del conflicto armado desgarró, se equivocó de cabo a rabo.
Lo más paradójico es que, sin proponérselo, la propuesta del «perdón social» que, como dijo el propio candidato “circula por las cárceles”, puso al descubierto la fragilidad y la dimensión desconocida de la crisis del sistema carcelario. No solo por la multiplicidad de actores e intereses que se mueven en ese complejo mundo, sino también por los problemas de gobernabilidad interna que se observan en las cárceles y que en este número de Alternativa, se abordan de manera directa y sistemática.
Dos elementos deben ser tenidos en cuenta. Primero, el problema social, de seguridad y salud pública que se está gestando en las Unidades de Reacción Inmediata (URIs), en donde cada vez más logramos constatar la gravedad del hacinamiento carcelario. En el curso de la última semana del mes de abril se produjo una fuga masiva de detenidos en una de las URI de Bogotá, en donde los detenidos prendieron fuego a las instalaciones de la dependencia, saquearon información valiosa y luego se dieron a la fuga. Y segundo, la llegada del sistema carcelario a una situación de crisis política e institucional. Crisis política, porque ya se ha perdido el control del aparato carcelario, hoy en manos de una multiplicidad de actores estatales que le sacan provecho a cada uno de los elementos y las decisiones de política que afectan el cotidiano transcurrir de los internos. Y crisis institucional, porque la situación carcelaria es el reflejo de los problemas de trazado y estructuración de políticas de justicia y de lucha contra el crimen en el país.
Es hora de que, cualquiera que sea el próximo gobierno, emprenda una cirugía de fondo que afronte y resuelva el problema de una vez por todas.
Propuestas como la del «perdón social», lo único que hacen es crear unas expectativas sobre la situación de los internos, sobre las que el Gobierno tiene control efectivo. Y más bien sí generan una confusión tan grande en los ciudadanos, que lejos de resolver los problemas, los profundizan aún más. Como si no tuviéramos ya suficientes problemas en la gestión y operación del sistema judicial en Colombia.
Imperdonable, la propuesta de perdón social.
