En la madrugada del día de hoy, dos reclusos lograron evadir los controles de seguridad y escapar del Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá "La Picota". El coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, informó que los fugitivos, Eusebio de Jesús Agudelo Hernández y Sebastián Molina López, se encontraban cumpliendo sentencias por delitos como homicidio y concierto para delinquir. Las circunstancias exactas de la fuga aún no han sido esclarecidas, pero se sabe que los presos utilizaron una de las cercas del penal para llevar a cabo su escape.
Ante esta situación, el INPEC ha puesto en marcha una serie de medidas inmediatas para responder a la fuga y prevenir incidentes similares en el futuro. En primer lugar, se ha solicitado a la Policía Nacional y al Ejército la implementación de un "plan candado" con el objetivo de localizar y capturar a los fugitivos. Esta operación de búsqueda se encuentra actualmente en curso, movilizando recursos de diferentes cuerpos de seguridad para rastrear el paradero de Agudelo Hernández y Molina López.
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Paralelamente a las acciones de búsqueda, el INPEC ha iniciado un proceso de investigación interna para determinar las circunstancias que permitieron la fuga. Se ha ordenado una investigación disciplinaria que abarcará a todos los funcionarios que se encontraban de turno en el establecimiento durante la noche anterior al incidente. Esta medida busca establecer si hubo negligencia o complicidad por parte del personal penitenciario que pudiera haber facilitado la evasión de los reclusos.
En un esfuerzo por garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, el INPEC ha anunciado que se compulsarán copias a la Procuraduría General de la Nación para que se inicie una investigación independiente sobre el incidente. Además, la institución ha manifestado su compromiso de continuar trabajando para establecer las medidas necesarias que prevengan futuros incidentes de esta naturaleza.
El director Gutiérrez ha enfatizado la importancia de revisar y fortalecer los protocolos de seguridad en todas las instalaciones penitenciarias del país para evitar que se repitan situaciones similares que ponen en riesgo la seguridad pública y comprometen la integridad del sistema penitenciario colombiano.
