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Cultivo de coca

Contra la invasión de siembra de coca

La nueva política antidrogas presentada por el gobierno del presidente Petro, tiene grandes similitudes a la planteada en 1998 que el país conoció como el Plan Colombia. Por: Miguel Tunjano Especialista en Seguridad y Análisis de Políticas Públicas

La cobertura del gobierno central continúa débil e inicia un proceso de participación para la construcción de la política, priorizando la erradicación voluntaria. Igualmente, inicia un proceso de diálogo de paz con todos los grupos armados ilegales y se promociona como «Paz total».

El Plan Colombia, dos años después de su ejecución, no arrojó los resultados esperados en el eje socioeconómico y giró hacia la erradicación aérea con glifosato. Curiosamente esto mismo puede ocurrir con la actual política, si no se incorporan las lecciones aprendidas y los cambios estructurales en la dirección estratégica, manejo de recursos y monitoreo oportuno.

Las condiciones de partida de las dos políticas son muy similares. En 1998, el control del territorio con cultivos de coca lo ejercían los grupos armados ilegales, Farc. La presencia institucional nacional era casi nula. Los cultivadores de coca en Putumayo se organizaban en mesas de concertación para erradicación voluntaria, mientras se suspendía la aspersión área en el Putumayo y el presidente Andrés Pastrana iniciaba un acercamiento de diálogo con las Farc; y el plan se denominaba “Cambio para construir la paz”.

En el gobierno de Andrés Pastrana se implementó el Plan Colombia.

La política antidrogas presentada por el gobierno de Petro ha generado una fuerte polémica.

En 2023, el control territorial está retomado por grupos armados ilegales de narcoparamilitares, pos Farc-EP, ELN, entre otras, que se coordinan con carteles extranjeros para el tráfico de drogas ilícitas.

La cobertura del gobierno central continúa débil e inicia un proceso de participación para la construcción de la política, priorizando la erradicación voluntaria. Igualmente, inicia un proceso de diálogo de paz con todos los grupos armados ilegales y se promociona como “Paz total”.

Los escenarios de partida de 1998 y 2023, al igual que el contexto de las dos políticas, presentan alta similitud “Vino viejo en botella nueva”1.

La política de 1998 incorporó la participación a través de los pactos sociales construidos con los habitantes de Putumayo y formalizada en diciembre de 2000 como el primer “Pacto de erradicación voluntaria y desarrollo alternativo”. En ese año Putumayo era el departamento con la mayor área cultivada con coca en Colombia (66.000 hectáreas).

A causa del incumplimiento de los pactos, por la rápida adaptación y mejor competitividad de la economía de la cocaína, que aumentó el área cultivada y la proliferación de cultivos lícitos mezclados con coca, además del fortalecimiento de los grupos armados ilegales, el Gobierno optó por reactivar la erradicación aérea, la cual se mantuvo hasta al año 2015.

Las similitudes estratégicas de las dos políticas, 1998 y 2023, se evidencia en los dos ejes, el social y el criminal.

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El eje social de 1998 contemplaba el desarrollo alternativo, para reducir la participación de la población afectada y se enfoca en la construcción de alternativas sociales y económicas lícitas, generando condiciones favorables para el Proceso de Paz en Colombia, lo que en la actual política denominan “oxígeno” para transitar de economías ilícitas hacia lícitas.

Para la financiación del eje social en 1998 se disponía de las siguientes fuentes: i) Fondo de Programas Especiales para la Paz, creado mediante la Ley 368 de 1997, ii) Fondo de Inversión para la Paz, creado por la ley 487 de 1998 y iii) Plante o Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PNDA), creado mediante el Decreto 472 de 1996.

En la actual política la fuente de financiación proviene del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías y el impuesto al carbono que antes financiaba el 50 % del PNIS y ahora solo lo hará en un 20 %, lo que debilita el músculo financiero del programa.

Los cultivos de hoja de coca van en aumento. El último reporte oficial señala más de 230.000 hectáreas.

El eje criminal en 1998, contemplaba la estrategia de la reducción de la oferta, para combatir la producción, el tráfico y la distribución de estupefacientes, así como la infraestructura, el cual incluía acciones combinadas entre fuerza pública y el aparato judicial para desmantelar los grandes carteles y objetivos de alto valor.

Paradójicamente, este eje en la actual política se denominada “asfixia” y se enfoca a la afectación de actores estratégicos y de alto valor en el sistema del narcotráfico e incluye la interdicción; lo que es importante dentro de cualquier política de drogas.

Finalmente, es importante mencionar que la política de 1998 contempla la “Gestión Ambiental” con el fin de fomentar la conservación ecológica y el desarrollo integral sostenible; así como la “Reducción del consumo” que igualmente está incorporado en la actual política de 2023.

Como conclusión y reflexión, es evidente que los escenarios de la economía de la cocaína y las estrategias enmarcadas en las políticas de drogas de 1998 (Conocida y criticada como Plan Colombia) y de 2023 son muy similares.

Lo anterior, nos pone en el punto del análisis de una política pública de identificar las lecciones aprendidas, con el fin de mantener y fortalecer los éxitos, así como eliminar y reemplazar los fracasos.

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1. Profesor Michael Matthews.

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