El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional ha convocado una sesión extraordinaria presencial para el jueves 6 de junio Claustro de San Agustín. El objetivo principal de esta reunión es abordar la designación del rector de la institución, un tema que ha generado controversia en las últimas semanas. La reciente posesión de Laura Quevedo como representante estudiantil del CSU ha cambiado la dinámica del órgano colegiado, inclinando la balanza a favor de quienes abogan por la salida de José Ismael Peña del cargo de rector.
Con la incorporación de Quevedo al CSU, se suman cinco votos a favor del Gobierno y en contra de la rectoría de Peña. Estos votos provienen de la propia Quevedo, quien ha insistido en la idea de nombrar un rector encargado, los tres representantes del Gobierno (el Ministerio de Educación y las dos representantes del presidente de la República: María Alejandra Rojas Ordóñez y Nataly Garzón, así como Víctor Manuel Moncayo, el nuevo representante del Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu). Por otro lado, los votos a favor de la designación de Peña se reducen a tres: Diego Torres (representante de los profesores), Ignacio Mantilla (representante de los exrectores) y Verónica Botero (designada del Consejo Académico).
La conformación de esta mayoría no solo influye en los votos, sino que también permite desbloquear las discusiones en el CSU, que anteriormente no había logrado sesionar debido a la negativa de participación por parte de los representantes que apoyan a Peña. Según las normas, se requiere un quórum mínimo de cinco consejeros para discutir y votar cualquier decisión.
Sin embargo, la situación se complica debido a una tutela fallada a favor del rector Peña, la cual sostiene que nombrar un rector encargado, argumentando que la medida se toma mientras se define la legalidad de la designación de Peña, vulnera el principio de presunción de legalidad de los actos administrativos. Según la ley, todo acto administrativo, como la designación y posesión de un funcionario público, se presume legal hasta que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (en este caso, el Consejo de Estado) indique lo contrario.
La decisión judicial implica que no se puede nombrar un rector encargado en reemplazo de Peña, argumentando que su elección pudo ser ilegal, ya que esto iría en contra de la ley. Solamente cuando el Consejo de Estado emita una decisión al respecto, se podrá apartar a Peña del cargo.
