El tribunal arbitral del Ciadi ha emitido su veredicto en el caso que enfrentaba a Colombia con un grupo de inversionistas estadounidenses, encabezados por el empresario Ángel Seda, respecto al proyecto inmobiliario Meritage.
La decisión exime al Estado colombiano de responsabilidad por presuntas violaciones a los derechos de los inversionistas, evitando así el pago de una indemnización de USD$300 millones. El proyecto en cuestión, ubicado en la vía que conecta Medellín con Rionegro, quedó inconcluso tras una investigación de extinción de dominio iniciada por la Fiscalía en 2016.
La controversia se originó cuando la Fiscalía colombiana confiscó el terreno donde se desarrollaba el proyecto Meritage, argumentando que el lote había pasado por manos de testaferros vinculados a la Oficina de Envigado y al narcoparamilitar Héctor Restrepo Santamaría, alias 'Perra Loca'. Los inversionistas, por su parte, alegaban que Colombia había incumplido los acuerdos de trato justo y equitativo, así como la prohibición de expropiación ilegal establecidos en el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos. El proyecto, al momento de la intervención estatal, contemplaba la construcción de 35 locales comerciales, 114 apartasuites y 116 casas.
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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) celebró el fallo como un triunfo sin precedentes en la historia del arbitraje internacional. Según la entidad, es la primera vez que un tribunal internacional acoge la excepción de seguridad esencial del Estado para rechazar las reclamaciones de un inversionista. Esta decisión respaldó la posición de Colombia, que argumentaba la necesidad de confiscar el predio de Meritage como parte de sus obligaciones para mantener la paz y proteger sus intereses en materia de seguridad nacional.
El proceso arbitral, que se extendió por varios años, tuvo un momento crucial en marzo de 2024, cuando el director encargado de la Andje, Jhon Camargo, presentó un documento de urgencia ante el Ciadi. Esta comunicación buscaba reforzar la defensa de la decisión de Colombia de iniciar un proceso contra los bienes de Ángel Seda, una estrategia que resultó determinante en el desenlace del caso. La invocación de la figura de "seguridad esencial" por parte del equipo legal colombiano fue fundamental para convencer al tribunal de la legitimidad de las acciones del Estado en relación con el proyecto Meritage, sentando así un precedente significativo para futuros arbitrajes internacionales de inversión.
