El presidente del Senado, Efraín Cepeda, planteó su oposición al cobro de valorización en la vía que conecta Cartagena y Barranquilla. En una constancia presentada en la plenaria del Senado, Cepeda afirmó que esta medida, impuesta por el Gobierno Nacional, fue "una decisión a dedo" que perjudicará a más de 140,000 personas, incluidas instituciones educativas, de salud y pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
Cepeda señaló que se ha informado que el cobro de valorización comenzará el próximo año. Ante esta situación, expresó que "no podemos permitirlo" y calificó la medida como "inequívocamente un ataque para el desarrollo de nuestra Región". Cepeda advirtió además que esta iniciativa podría extenderse a otras regiones del país, generando preocupación en otras comunidades.
El presidente del Senado también atribuyó la medida a una supuesta baja ejecución de recursos por parte del Gobierno Nacional. Cepeda manifestó que "estamos pagando los platos rotos de manera descarada de la baja ejecución, el bajo recaudo y la ineficiencia del Gobierno Nacional", haciendo énfasis en que esta situación ha tenido consecuencias para los proyectos y el desarrollo en diversas áreas.
Asimismo, Cepeda mencionó que el Gobierno ha dejado de ejecutar más de 90 billones de pesos, de los cuales 39 billones corresponden a la inversión pública. Agregó que, en el caso de la inversión, la ejecución ha sido de solo un 35.6%, cifra similar a la registrada por el Ministerio de Transporte, con una ejecución del 33.9%, según detalló en su intervención.
Con respecto a la utilización de los recursos que se pretende recaudar mediante el cobro de valorización, Cepeda expresó incertidumbre sobre su destino. "El destino de los recursos a recaudar no está definido", indicó el senador, señalando que hasta el momento no se ha determinado si estos fondos se destinarán al Departamento del Atlántico o a Bolívar. Además, afirmó que existe una ley que indica que estos fondos irían a la entidad que realice el cobro, es decir, a la bolsa nacional.
Para Cepeda, esta situación representa un desequilibrio en la asignación de recursos entre las regiones y el gobierno central. Enfatizó su preocupación al cuestionar si la "pobreza regional" debería estar financiando la "riqueza del país", describiendo esta medida como una "Redistribución al revés".
