Entre julio de 2022 y julio de 2023, durante la presidencia del congresista David Racero en la Cámara de Representantes, familiares y conocidos cercanos a su círculo habrían obtenido contratos. Esta información fue revelada en un informe del portal La Silla Vacía, que detalla cómo algunas de las contrataciones incluyeron a esposas de primos del congresista y a personas que promovieron la campaña de su tío, José Luis Mayorca, excandidato a la Gobernación del Cesar.
Una de las personas contratadas fue Elena Esther Paredes, esposa de Juan Carlos Márquez Mayorca, primo de Racero. La fisioterapeuta obtuvo un contrato entre marzo y julio de 2023 por un valor de 36 millones de pesos, con tareas centradas en la pedagogía de la reforma a la salud en Valledupar. Además, Ángela María Araujo, abogada y esposa de otro primo del congresista, también recibió contratos por un total de 57 millones de pesos en 2022 y 2023.
Racero defendió la contratación, señalando a La Silla Vacía: “Toda esa contratación está conforme a la ley, las hojas de vida cumplían los requisitos legales. No hay irregularidad ahí”. También negó que la familia Mayorca conformara un clan político en Cesar.
El informe destaca que Paredes y Walter Castilla, también primo de Racero, obtuvieron posteriormente puestos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) con la magistrada Alba Lucía Velásquez del Pacto Histórico. Al respecto, Racero aclaró: “No tengo relación alguna con la magistrada Velásquez como para influir en que los dos trabajaran con ella”.
La contratación también incluyó a al menos cuatro personas que más tarde respaldaron la candidatura de Mayorca en Cesar. Entre ellos figuran Diana Patricia Arrieta Clavijo, radióloga que promovió la recolección de firmas a favor de Mayorca, y la psicóloga Liliam María Torres Feluzzula, quien obtuvo contratos por 50 millones de pesos y posteriormente participó como candidata a la Asamblea de Cesar.
Otras personas beneficiadas fueron María Eloísa Araujo, economista y periodista, y la abogada Saida Medina, quienes, tras haber sido contratadas, aportaron 27 millones de pesos a la campaña de Mayorca. Racero, al ser consultado sobre estos contratos, declaró: “Que la gente haga campaña después de haber trabajado en el Congreso no es mi responsabilidad”.
La situación se presenta en un momento en que la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia iniciaron una investigación contra Racero por presunta solicitud de dinero a su equipo legislativo. A estas denuncias se suman señalamientos sobre empleados que realizaban tareas fuera de sus funciones, y una acusación por una conversación en la que Racero habría solicitado contratos en el Sena en el departamento del Cesar.
Además, según las denuncias el expresidente de la Cámara de Representantes (2022-2023) pidió contratos en el Sena en el departamento del Cesar, como lo muestra una conversación por WhatsApp publicada por Daniel Coronell.