El pasado 27 de mayo un concejal del municipio de Argelia, Cauca, resultó herido al caer en un campo minado. Lamentablemente, estos artefactos proliferan en la región, convirtiéndose en una flagrante violación al derecho internacional humanitario. Municipios que habían logrado avances en el desminado vuelven a ser noticia, no solo por el recrudecimiento de la violencia, sino por casos como el del concejal liberal Valdemar Ordóñez Ibarra, quien resultó herido al pisar una mina en El Plateado mientras lideraba actividades comunitarias.
Casos como el de Valdemar son muchos en nuestro país, personas elegidas por su liderazgo local, compromiso con las comunidades, disposición de servir a sus amigos, sus vecinos y a su gente, muchos de ellos promotores y luchadores para llevar obras a sus veredas y municipios. ¿Cuántas vías, escuelas, puestos de salud construidos a lo ancho y largo de Colombia liderados por hombres y mujeres que como concejales han contribuido al desarrollo de su región?
Precisamente, por estos días cursan en la Cámara de Representantes, dos proyectos de ley que buscan mejorar las condiciones laborales de los concejales en municipios de quinta y sexta categoría. Estas iniciativas contemplan un aumento en el monto de sus honorarios, la ampliación del número de sesiones para los concejos municipales y la adopción de medidas en materia de seguridad social.
En un contexto de cambios y reformas, sobre todo de la laboral, pensional y de salud, resulta preocupante la situación de los concejales en Colombia. Estos líderes, que en muchos casos ponen en riesgo su integridad física y la de sus familias, son servidores públicos. Sin embargo, en más del 80% de los 1.102 municipios del país, ni siquiera reciben un salario mínimo como contraprestación a su labor, y mucho menos cuentan con aportes a la seguridad social.
En el Cauca, según datos del Ministerio del Interior y la Contaduría General de la Nación, de los 42 municipios, Popayán se encuentra en la categoría 1, mientras que Guachené y Santander de Quilichao están en la categoría 4. Caloto, Villa Rica, Miranda y Puerto Tejada pertenecen a la categoría 5, y los 35 municipios restantes se ubican en la categoría 6. Precisamente en estos municipios pequeños, donde los concejales son los verdaderos voceros de las comunidades, reside su crucial labor. Son ellos quienes están en contacto permanente con los ciudadanos, como don Pedro, el panadero, doña Carmen, la vendedora de comida, o don Tulio, a quien le cuentan que la vía para sacar el café de la vereda se ha convertido en una verdadera trocha; ellos acuden a los concejales como voceros ante la administración, de hecho Valdemar cayó en un campo minado en función de sus actividades como voz de la comunidad, mientras iba rumbo al acueducto de El Plateado, buscando ser interlocutor ante la administración para garantizar el servicio de agua en esa zona del Cañón del Micay.
El proyecto de ley 435 de 2024, que ya cursó por el Senado de la República, tanto en comisión como en plenaria, lo debatiremos esta semana en la Comisión Primera de la Cámara y lo dejaremos con seguridad, ad-portas de ser aprobado en un cuarto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, que sin problema pudiera darse en la próxima legislatura y convertirse en la ley esperada por todos los concejales de los municipios de quinta y sexta categoría. Esta iniciativa dignificaría la labor de los concejales de 39 municipios del Cauca, no solo garantizando que sus ingresos alcancen el salario mínimo, sino también asegurando su afiliación al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales. Esta medida garantizaría que, en casos como el del concejal Valdemar, existan todas las garantías para su atención médica asistencial y prestacional.
Esto es un importante paso en la dirección correcta, si la voz de la comunidad es protegida y si tiene amparo la representación popular, la reivindicación del trabajo y liderazgo de los concejales, puede ayudar a reconstruir los lazos de la institucionalidad, hoy rotos en muchos lugares, por la incapacidad de escucha de algunos quienes hoy gobiernan. Por esta razón, este proyecto no debe quedarse en el debate de carecer del aval fiscal, pues el Ministerio de Hacienda señaló que existen excedentes en la ejecución municipal al cierre de cada ejercicio presupuestal que bien podrían servir para cubrir el incremento.
No solo contará con mi voto positivo y con mi respaldo, sino con mi compromiso y liderazgo, porque es dignificar el trabajo que como servidores públicos prestan 453 personas en nuestro departamento, líderes sociales y comunitarios que como concejales siguen ayudando a reconstruir los territorios, siguen en la apuesta de un mejor país.
