Su diversidad abarca desde páramos hasta selvas tropicales, pasando por montañas, valles y zonas costeras, lo que le confiere una importancia estratégica en términos de conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos.
Sin embargo, en el marco de la COP16, el evento más importante en términos de medio ambiente que se lleva a cabo en Colombia, considero muy importante que alcemos la voz ante la grave crisis medioambiental que enfrenta el departamento del Cauca. Lo que alguna vez fue una joya natural de Colombia está siendo devastado por la deforestación, la minería ilegal y la contaminación hídrica.
La deforestación ha aumentado de manera alarmante en todo el Cauca. Según Global Forest Watch, entre 2001 y 2023, el departamento perdió 116 mil hectáreas de cobertura arbórea, lo que representa una disminución del 4,9 % de la superficie forestal.
Esto equivale a la emisión de 65,7 millones de toneladas de CO₂ a la atmósfera, exacerbando los efectos del calentamiento global. Además, las cinco principales regiones responsables de esta pérdida, entre ellas los municipios de Santa Rosa y El Tambo, concentran el 54 % de la deforestación en el Cauca.
Además, la minería ilegal es otro factor crítico que afecta gravemente los ecosistemas del Cauca. Un caso icónico se vivió en el río Sambingo, en el sur del departamento, municipio de Mercaderes. Este río, que forma parte de la cuenca del Pacífico, es uno de los retratos más crudos de los efectos criminales causados por la minería ilegal.
La explotación sin control transformó lo que alguna vez fue un río vivo en una superficie desértica, llena de piscinas lechosas y maquinaria para la extracción de oro. El río Sambingo es un ejemplo del impacto destructivo de esta actividad en nuestros ecosistemas.
Este afluente, que alguna vez fue vital, fue considerado el primer río en Colombia en desaparecer completamente a manos de la minería ilegal. Desde 2016, no se han realizado operativos por parte del Estado para combatir a sus victimarios. En ese entonces, tras dos incursiones conjuntas de la Fuerza Pública, la Fiscalía, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) y la Gobernación del Cauca, se asestó un duro golpe, que resultó en la destrucción de más de 50 retroexcavadoras y el desmantelamiento de todo un enclave minero criminal. Sin embargo, quedó un pasivo ambiental que, siendo su obligación, jamás fue saldado por el gobierno nacional.
Pero no se trata solo del río Sambingo, sino de una tragedia que afecta a los brazos de los ríos Cauca y Patía, y afluentes como el Quinamayó, Teta, Palo, Esmita, Quilcacé, Timbío, Guachicono y San Jorge. La irresponsabilidad de quienes vierten mercurio y cianuro en estos cauces están envenenando nuestras aguas, acabando con nuestra biodiversidad y condenando a nuestra gente a vivir entre la contaminación y la enfermedad. La minería ilegal en el Cauca se ha convertido en un cáncer que está destruyendo nuestros ríos y la vida de nuestras comunidades.
Este no es un problema aislado; esta práctica ilegal se oculta entre las montañas, las orillas de los ríos y detrás de los cultivos de coca y marihuana. Es un fantasma que muchos conocen, pero pocos se atreven a denunciar debido a la mordaza de la violencia. Los recursos naturales del Cauca están siendo destruidos, mientras que las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que defienden sus territorios y el medio ambiente son silenciadas.
Según el último informe de la ONU en Derechos Humanos sobre la situación de personas defensoras del medio ambiente en Colombia, se ha incrementado el número de asesinatos de defensores ambientales. De enero de 2016 a septiembre de 2024, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) verificó 248 casos de homicidios de personas defensoras del medio ambiente, siendo Cauca el departamento con el mayor número, representando el 31 % de los homicidios (76 personas).
Estas situaciones son solo un ejemplo de cómo las instituciones han fallado en su responsabilidad de proteger nuestros recursos naturales. La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), en particular, deberá redoblar esfuerzos para lograr revertir este alarmante panorama. A esto se suma el Decreto 1094 de 2024, que otorga competencias a la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA) del CRIC, el cual podría generar un conflicto de competencias con la propia Corporación regional, debilitando aún más la capacidad de respuesta frente a la minería ilegal y otras amenazas ambientales.
Por eso, la COP16 debe ser un escenario clave para que el mundo conozca esta realidad que está consumiendo la riqueza natural del Cauca. Colombia debe aprovechar esta plataforma para visibilizar el deterioro ambiental que sufre no solo nuestro departamento, sino también otras zonas del país, además de presentar compromisos claros y acciones inmediatas para restaurar nuestros ecosistemas y frenar la deforestación. No podemos permitir que el Cauca siga siendo víctima de la negligencia y la falta de control.
Es fundamental que el Gobierno Nacional intervenga de manera decidida para frenar esta devastación. Las autoridades deben fortalecer los mecanismos de control y protección ambiental, sancionar a los responsables de la destrucción del bosque y promover la restauración de los ecosistemas. El tiempo de regeneración natural es largo, pero con medidas adecuadas y acciones rápidas podemos mitigar los daños y garantizar un futuro sostenible para el Cauca.