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Luis Jaime Salgar colombia

Una emergencia sin sentido de urgencia

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Escribo este artículo en la tarde del 24 de julio de 2023. Han pasado más de tres semanas desde la declaratoria del Estado de Emergencia y, hasta la fecha, el Gobierno Nacional no ha dictado ni uno solo de los decretos legislativos que esta figura excepcional lo faculta para expedir.

Por: Luis Jaime Salgar Vegalara. Mejor Así

Luego de tres semanas, no conocemos aún las medidas concretas que el Presidente y sus ministros buscan implementar en la Guajira para resolver los muchos problemas que el departamento ha acumulado a lo largo de los años y a los cuales se suma ahora la muy advertida llegada del Fenómeno del Niño.

Es una situación muy particular que, por ello mismo, no es fácil de interpretar. Los estados de emergencia buscan precisamente eso: dotar al Gobierno de herramientas excepcionales, necesarias para la gestión de situaciones que demandan de una inmediata atención.

En esta ocasión hemos sido testigos de todo lo contrario. Para comenzar, el Presidente informó con más de una semana de antelación que procedería a declarar la emergencia. No es lo que normalmente ocurre. Las emergencias son decisiones que se adoptan de manera ágil para superar situaciones graves y sobrevinientes, así que no suelen estar precedidas de anuncios encaminados a examinar la reacción de la opinión pública ni de campañas de expectativas para captar la atención de la gente.

Sin embargo, como ya lo indicaba, hasta el momento, el Gobierno no ha estrenado las facultades legislativas que le confiere el estado de excepción. ¿Un estado de emergencia para no tomar las medidas apremiantes que, se suponen, justifican su declaratoria?

Es, nuevamente, una situación sin antecedentes en la historia del país. Las anteriores declaratorias estaban precedidas de decisiones concretas que se tomaban de manera pronta y oportuna para enfrentar la situación que había acontecido, y controlar y mitigar sus efectos.

Esta vez no ha sido de este modo. Van 22 días luego de la declaratoria y, por el momento, no hay medidas que muestren su necesidad.

La omisión podría deberse a la negligencia e improvisación con las que este Gobierno acostumbra acompañar sus actuaciones: anuncios de acuerdos de paz que no se han suscrito, proyectos de ley que carecen de consenso, inasistencias permanentes a foros y espacios que reclaman la presencia del jefe del Estado, transiciones que carecen de rumbo; en fin.

Según parece, el Presidente y sus ministros declaran la emergencia y luego establecen las decisiones concretas que pretender adoptar a su amparo. Si ese fuera el escenario, estaríamos en el mundo al revés. Primero se declara el estado de excepción y luego se identifican los problemas que se busca solucionar a su amparo.

Se trataría así de una decisión manifiestamente irresponsable. La emergencia no es una figura de la que dispongan los gobiernos para usar a su arbitrio, sino una institución que la Constitución colombiana consagra con el propósito de facilitar las herramientas requeridas para dar respuestas prontas a situaciones inesperadas que afecten o amenacen de manera grave el orden económico, social y ecológico del país.

¿Será, más bien, que, en un instante de autocrítica y autoevaluación, el Gobierno al fin oyó las voces de quienes, desde los más diversos lugares del espectro político e ideológico, hemos señalado que la emergencia carece de sustento; que la solución a los muchos problemas de la Guajira está en los mecanismos ordinarios previstos en las normas aplicables?

Sería un tardío logro de la razón que, en todo caso, dejaría un antecedente inédito: la declaratoria de una emergencia anodina que luego de generar la función de vigilancia del Congreso y de activar el control constitucional, terminaría por no concretarse en ninguna decisión específica. Una eventualidad que debe despertar una responsabilidad política de la que no conocemos antecedentes y cuyas consecuencias ignoramos.

Existe una tercera posibilidad: que el Gobierno haya tomado la decisión de posponer al máximo la expedición de los decretos legislativos en busca de que quienes pretendemos tomar parte ante la Corte Constitucional en el debate sobre la declaratoria desconozcamos su contenido al momento de presentar nuestras respectivas intervenciones.

Ésta es la más preocupante de las tres hipótesis planteadas. Uno de los elementos centrales de las democracias consiste en el derecho de los asociados de conocer las decisiones de sus autoridades y de controvertirlas ante las instancias competentes cuando quiera que consideren que hay lugar a ello. En las sociedades carentes de medios eficientes de control ciudadano sucede que a sus mandatarios se les facilita apropiarse de las instituciones públicas y utilizarlas para provecho propio y no de la comunidad.

No quisiera pensar que nos encontramos en esta situación. Los gobiernos legítimos deben permitir que sus actuaciones sean objeto de análisis y evaluación pública. Este requisito es necesario para la construcción de una institucionalidad colectiva y un componente neurálgico de los Estados de derecho, así que esperamos no ser sorprendidos con decisiones inesperadas ni con estrategias encaminadas a erosionar su adecuado examen ciudadano.