Lunes, 17 de junio de 2024
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A finales de la semana pasada nos enteramos de que la reforma pensional tendrá un valor cercano a los 54 billones de pesos; casi 4 puntos del PIB. ¡Vaya! La reforma está ya en su cuarto y último debate y sólo hasta ahora tenemos claridad sobre cuál va a ser su costo.

La llegada tardía del aval fiscal despierta obvios interrogantes. ¿De verdad puede el Gobierno Nacional presentar al Congreso una reforma institucional de semejante dimensión sin informarle previamente sobre su impacto macroeconómico? ¿Puede el órgano de representación democrática darle trámite a pesar de tal omisión?

La aprobación de una reforma así debería estar acompañada de una precisa explicación sobre sus presupuestos básicos, sus pilares, sus efectos esperados. Eso es lo que los ciudadanos esperaríamos de un Congreso responsable. En esta oportunidad no ha sido así. Sin demeritar el papel que ha jugado en otros escenarios, lo cierto es que, en relación con la reforma pensional, el Congreso se quedó cortico: la reforma pensional es un monumento a la improvisación.

El umbral que divide el pilar solidario del contributivo es el ejemplo más representativo: 2,3 salarios mínimos. ¿De dónde salió esa cifra? La senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, sostenía que la cota debía estar en 1,5 salarios mínimos; varios senadores cercanos al Gobierno argumentaban que debía ser de 3. Sencillo: uno y medio más tres dividido dos da algo así como 2,3. En fin, una mera negociación política sin fundamento técnico.

El punto no pasaría de ser una mera anécdota si no fuera porque la definición del umbral es uno de los ejes centrales de la reforma: en el nuevo modelo, el umbral establece hasta dónde llega el compromiso del Estado con una determinada asignación pensional y a partir de qué punto inicia la función que se les asigna a los fondos de pensiones en cuanto a la administración del ahorro individual. Un asunto que exige plena certidumbre.

Es innegable que el gran mérito de la reforma radica en ponerle fin al muy inequitativo sistema actual en el cual coexisten en paralelo un régimen subsidiado con uno de ahorro individual. Por esta vía, entre más alto es el ingreso del aportante, mayor será el subsidio que recibe. El proyecto plantea un esquema escalonado en virtud del cual el Estado asegura una base pensional mínima y a partir de allí permite que los fondos compitan en la gestión del ahorro de los aportantes.

En este aspecto, el proyecto es positivo. Así hay que reconocerlo. No obstante, junto a este acierto, hay una seguidilla de ligerezas que terminarán por erosionar su efectividad. La más grave radica en que el país procedió a construir un nuevo sistema pensional sin conocer su costo y sin haber determinado sus fuentes de financiación.

La llegada tardía del aval fiscal es inaceptable. De hecho, la misma semana en que nos enteramos del valor de la reforma pensional, supimos también que la Nación está desfinanciada, de manera que toca recortar las apropiaciones presupuestales en 20 billones de pesos.

Era de esperarse. Las ambiciones presupuestales de Petro van a paso desbocado mientras que la economía se estanca, en gran medida, a causa de una gestión gubernamental que no hace sino inhibir las actividades productivas y el ímpetu empresarial.

Para financiar su apetito voraz, el Gobierno promovió una pésima reforma tributaria que se ha ido desmoronando en la Corte Constitucional. Fue así como el Gobierno se gastó por anticipado unos recursos que son más resultado de la avidez sin límites que de la planeación mesurada.

De manera que, por un lado, el Gobierno se empeña en obstruir la economía y en empujar la aprobación de toda clase de impuestos disparatados y, por el otro, embarca al país en un sistema pensional estructural que no sabe cómo apalancar.

La reforma le hace el quite a otros puntos que tienen una importancia medular: Por ejemplo, ¿puede el país continuar con la edad actual de jubilación pese a que en los últimos 30 años la expectativa de vida ha aumentado mientras que la proporción de jóvenes sobre viejos se reduce? ¿Tiene sentido que las mujeres se jubilen a menor edad que los hombres? ¿No sería más equitativo definir una misma edad para todos y establecer a favor de las mujeres una reducción del número de semanas por cada vez que den a luz? Claro, esta medida seguramente tendría que ir acompañada de políticas de promoción del empleo femenino.

La propia ministra de Trabajo ha dicho que en unos pocos años el nuevo sistema requerirá de cambios adicionales. ¿Por qué no hacer bien las cuentas desde el principio para ver si este Gobierno al fin nos deja, al menos en lo que toca con las pensiones, algo de estabilidad institucional?