El Estado colombiano en diferentes ocasiones ha venido impulsando medidas e impuestos que buscan en teoría una mejor y más saludable alimentación de la población colombiana.
El presidente Petro ha dicho que una población más sana hace que el sistema de salud tenga mejores recursos para atender a los que se enferman y que en general la población debe buscar ser mucho más consciente de lo que consume.
Si vamos a hablar de alimentación saludable se debería pensar en gravar por ejemplo a aquellos platos típicos que tienen demasiadas kilocalorías en una sola porción, exceso de grasa en el proceso de cocina, productos apanados, hojaldres, empanadas, arepas de huevo, embutidos como salchichas, chorizos, salchichones o mortadelas.
Una bandeja paisa con todo lo que la sirven entonces debería costar el doble, si realmente lo que se quiere es que la sociedad tenga una mejor alimentación. La realidad es que el impuesto busca atacar directamente a cierto tipo de productores de las categorías de consumo masivo y no a todos los productores en general.
En ese sentido suena a que el impuesto hace parte de una narrativa vengativa o revanchista.
El impuesto realmente es totalmente recaudatorio, pensado como si Colombia sólo fuera la población de las grandes ciudades y el comercio solo el de las grandes superficies.
No es un impuesto pensado en el tendero o en las poblaciones alejadas de las grandes ciudades. El impuesto al final afecta a las clases menos favorecidas, ya que no hay muchas alternativas de alimentación saludable a precios razonables.
El incremento de los precios no hace que los productos se consuman menos, esos temas de elasticidad - precio - demanda funcionan en la teoría, en las clases de economía de las universidades. En la realidad la gente de menor capacidad económica ha generado durante años unos hábitos que son muy difíciles de cambiar en el corto plazo.
En otros países como México, este experimento ha fracasado de manera contundente. El impuesto no logró que la gente consumiera menos, ni que se enfermera menos. Se logró solamente aumentar el recaudo, es decir que para efectos prácticos aquí van a ganar la DIAN, el Ministerio de Hacienda y pare de contar.
Van a perder los tenderos y distribuidores del mercado, que verán con el aumento de precios disminuir su margende contribución. Pensando en toda la cadena de producción, distribución, venta y consumidor final, los mayores precios al final terminan trasladándose gradualmente hacia los hogares.
Esto sumado a los aumentos bruscos, mes a mes, que este gobierno ha hecho de los precios de los combustibles, va a generar una inflación descomunal en 2024 en los niveles socioeconómicos más bajos.
Funcionarios de la DIAN y Zonas Francas admiten que todavía no entienden cómo va a funcionar el impuesto. Esto quiere decir, que nuevamente el gobierno se ha equivocado en la comunicación tanto externa como interna, pues se ha dedicado a las declaraciones explosivas y al “rompe”, especialmente en las redes sociales.
Es un impuesto diseñado a los brochazos, totalmente gaseoso y al final del juego no logrará que se disminuya el consumo.
En mi caso personal, al revés, lograron convencerme de que debo comprar más de esos productos, ya que estaría salvando de la potencial quiebra al tendero de confianza que se encuentra a pocos metros de mi casa. No por poner un nuevo impuesto se van a cambiar las costumbres de los consumidores. Como dicen popularmente, ahora que el gobierno no venga a decirnos qué es lo que debemos comer y qué no.
