El gobierno presentó la semana pasada un proyecto que en teoría abre las puertas a una posible reactivación económica, con varias iniciativas, unas más cuestionables que otras. El Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla dijo que “estamos en el proceso de construcción de borradores de al menos tres proyectos: el primero tiene que ver con los estímulos tributarios, en donde hemos avanzado como la necesidad de reducir la tasa nominal del impuesto de renta corporativo, incorporar estímulos a las energías renovables y la necesidad de impulsar el turismo sostenible y ecológico y crear estímulos y además algunos para el sector de servicios”
Lo más delicado es la idea que tienen de modificar la Regla Fiscal, vigilada por una entidad independiente al gobierno que vigila las finanzas nacionales y evita niveles desbordados de endeudamiento. Más específicamente el artículo 61 de la Ley de Inversión Social, la 2155 de 2021 aprobada después de los perversos efectos que dejó la pandemia, se modificó el Artículo 14 de la Ley 1473 de 2011 que había creado el Comité Autónomo de la Regla Fiscal CARF como un organismo de carácter técnico, permanente e independiente. Tiene como objeto realizar el seguimiento a la regla fiscal, así como propender por la sostenibilidad de las finanzas públicas por medio de conceptos no vinculantes. El CARF está integrado por cinco miembros expertos de reconocido prestigio profesional o académico en materia de finanzas públicas; quienes no podrán ser servidores públicos, y por dos de los presidentes de las comisiones de asuntos económicos del Congreso.
En un nivel extremadamente resumido la Regla Fiscal es un indicador del nivel de endeudamiento máximo que puede tener la nación. Los ingresos menos los gastos generan la capacidad de pago de intereses de la deuda nacional e internacional. Los técnicos usan lenguaje detallado que involucra los conceptos de máximo nivel de apalancamiento y cobertura de intereses, es decir, qué tantos intereses se pueden pagar con el flujo de caja disponible después de cubrir obligaciones de operación. En esencia esas son las variables que miran las calificadoras de riesgo sobre los bonos por ejemplo que emite algún país.
Abrir la puerta a un nuevo nivel de apalancamiento nos pone en el peligroso terreno que recorrieron otros países del mundo. Cuando a un país no le alcanza su flujo de caja para cubrir los intereses y pagos de capital de sus obligaciones financieras vienen los problemas. Hasta ahora, Colombia es un buen sujeto crediticio ante los organismos internacionales como el FMI, Banco Mundial y otras entidades multilaterales y bancos privados. En general los diferentes gobiernos, inclusive antes de la creación del CARF se habían preocupado por mantener unas finanzas saludables y un buen nombre del país honrando los pagos a todo nivel.
Esa época parece llegar a su fin con las ideas del Pacto Histórico que abiertamente prefieren el modelo kirchnerista que quebró en definitiva a los argentinos o las iniciativas del partido Syriza que ganó las elecciones en Grecia y pretendió no pagar las obligaciones con la Eurozona, que estuvo a punto de expulsarlos de la región. Cuando hay cesación de pagos se configura el temido default. Al volarse los topes y de un brochazo modificar las reglas establecidas con tal de seguir gastando sin tener de donde es fácil invitar al default. Subir el endeudamiento es lo más peligroso, que luego toma años en recuperarse, debido a que nuevos gobiernos quedan amarrados a pagos descomunales de intereses y capital. Queda muy poco espacio para la inversión, para los proyectos de desarrollo y creación de valor. Ojalá los congresistas sean responsables y hundan esta miedosa iniciativa que nos llevaría en unos años directo a la quiebra.
