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Javier Garay Urgencia manifiesta

Incentivos manifiestos

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En septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la decisión de otorgar el contrato de expedición de pasaportes a través de la figura de Urgencia Manifiesta, después de la improvisación que casi generó la paralización en la emisión de estos documentos. En esos días, se anunció la posibilidad de que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) asignara bajo la misma figura un contrato de vigilancia electrónica de presos. Este sería el tercer año en hacerlo. Escuchamos la misma figura en Medellín y en Soacha y en el marco de la fallida declaratoria de emergencia económica en La Guajira.

¿De qué se trata la urgencia manifiesta? ¿Qué tanto se usa? ¿Cuáles pueden ser sus efectos?

En el portal de Colombia Compra Eficiente, se afirma que la Urgencia Manifiesta se estableció a través del artículo 42 de la Ley 80 como “una circunstancia que exige, con carácter apremiante, preservar la continuidad del servicio, porque este se ha afectado por situaciones de fuerza mayor, desastres, calamidades o hechos relacionados con los estados de excepción”.

La figura opera en casos de guerra externa, conmoción interior, así como en situaciones de emergencia económica, social y ecológica. No obstante, también aplica en “hechos de calamidad, fuerza mayor o desastre”.

La ambigüedad es patente.

Para declarar la Urgencia Manifiesta, las entidades estatales emiten un acto administrativo motivado, no requieren de estudios previos y permite traslados presupuestales.

Simple. Sin mayores complicaciones.

Al revisar el portal de datos abiertos del SECOP II y al identificar como justificación del contrato la Urgencia Manifiesta, se encuentran 464 contratos, que suman un poco más de 864 mil millones de pesos desde 2018.

Entre estos, el orden nacional tiene menos contratos (tan solo 63), mientras que el territorial tiene 401. No obstante, los montos son altísimos para la nación. Suman más de 535 mil millones (60% del total). El 98% de esos 535 mil corresponde a contratos emitidos por la rama ejecutiva.

Antes de 2020, la Urgencia Manifiesta era una rareza. El punto de quiebre se da ese año, cuando se firmaron 189 contratos bajo la figura, por un monto superior a los 355 mil millones (40% del total). Otro efecto de la pandemia…

Si bien, no se han vuelto a presentar los niveles de ese año, los montos han sido crecientes: en 2021, 86 mil millones, en 2022, un poco más de 87 mil. En 2023, van 184 mil 500 millones. El 60% de estos del orden central, rama ejecutiva.

En 2022, el anterior Gobierno no firmó ningún contrato por Urgencia Manifiesta. Desde agosto, el gobierno entrante adelantó 2 procesos por 23.741 millones, lo que es más del 27% del monto de ese año.

Más observaciones: casi la mitad del monto total corresponde a contratos cuyo objeto se clasificó como “otros”. En segundo lugar, muy lejos, están las obras. En el ámbito territorial, el ranquin está conformado por Antioquia (130 mil 872), Atlántico (46 mil 115), Valle del Cauca (33 mil), Magdalena (30 mil 700) y Bogotá (15 mil 590).

Resumiendo, la Urgencia Manifiesta es un legado más de la pandemia…y se quedó para ser utilizado por el orden central y la rama ejecutiva.

De lo anterior se desprende que la ley induce comportamientos oportunistas, al hacer de la figura algo ambiguo y muy fácil de declarar (costos), mientras que su existencia permite usar recursos de manera más expedita y poco transparente (beneficios).

En últimas, la figura puede ser una receta para más clientelismo, capitalismo de amigotes y corrupción. Incentivos perversos.