Comencemos por el principio. El artículo 69 de la Constitución política de Colombia dice así: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado”.
No parece necesario añadir nada. Está bien claro. Tal vez con las primeras cinco palabras habría sido suficiente. Pero el haber especificado que las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, pues hace aún más evidente la naturaleza de la autonomía universitaria. Es que lo principal es precisamente, el darse sus directivas, o sea, nombrar su rector conforme a las reglas establecidas en los estatutos.
El mal ejemplo del comportamiento presidencial, al no aceptar el resultado ya avalado por la Procuraduría General, pues es imitado por muchos estudiantes, profesores y funcionarios. El desconcierto es enorme. Y ya llevamos desde finales de abril con una situación que no utiliza las herramientas jurídicas apropiadas para controvertir este resultado.
La que se concibió recientemente de nombrar un ministro ad hoc que inmediatamente convocó una reunión extraordinaria y casi inmediata del Consejo superior universitario con un propósito único el de elegir un rector encargado mientras se llega a una solución definitiva, pues produjo una perplejidad descomunal porque por primera vez, después de la Constitución de 1991, un gobierno se atrevía a dar una orden de esa naturaleza: convocar a la máxima autoridad universitaria de la principal institución de educación superior en Colombia, para que con un solo propósito se reuniera y produjera un resultado. Asombroso.
Era inescapable que se desatara una controversia que no termina sobre una violación flagrante de la autonomía universitaria que pone en peligro la situación de todas las demás universidades del Estado y, seguramente, las universidades privadas. Son muy pocas las voces que consideran que semejante decisión no tenía esa implicación. Y lo más revelador de este proceso es que el Consejo se reúne en forma virtual y no logra hacer una votación y bien pronto el quórum se disuelve. Una frustración total de una decisión inaceptable y a todas luces muy inconveniente.
Entonces, ¿qué sigue? ¿Otra convocatoria extraordinaria del mismo estilo y con sanciones pecuniarias que rara vez hemos conocido? Hay unanimidad en el rechazo de las instituciones de educación superior por la vía de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y en manifestaciones individuales de rectores, exrectores, algunos profesores, etc.
Se recuerdan decisiones del teniente general jefe supremo Gustavo Rojas Pinilla quien designó directamente rector de la Universidad Nacional, si no recuerdo mal, por ejemplo, el coronel Manuel Agudelo (julio de 1954) en reemplazo del distinguido abogado e intelectual Abel Naranjo Villegas. Estamos hablando de una dictadura militar, un caso excepcional en la historia política de Colombia.
Nadie esperaba una actitud semejante de un ministro de Cultura que goza de respetabilidad por sus condiciones y ejecutorias intelectuales. Por fortuna, una persona de las calidades académicas de la ministra titular de Educación, Aurora Vergara, no se hizo responsable de un atropello histórico de esta naturaleza. Ojalá lo que sigue no sea la repetición de decisiones similares o aún mucho más desconcertantes y graves.
Existen los mecanismos jurídicos para encontrar una salida, así esta no sea del agrado del alto Gobierno. Insistir en procedimientos abiertamente violatorios de la Constitución es el peor camino imaginable no sólo por los precedentes que así se crean sino porque la validez de los mismos sería absolutamente precaria y haría aún más riesgosa la situación que está viviendo la Universidad Nacional por cuenta de los grupos violentos que también han decidido desconocer la autonomía universitaria.
El ministro de Cultura debe recuperar sus credenciales más respetables. No puede volver a incurrir en un comportamiento tan contrario a lo que él representa y ha sido. Debe ser el más respetuoso de la Constitución y de su precepto intangible de la autonomía universitaria. Debe ser su abanderado y así buscar la forma más universitaria, por así decirlo, de resolver una situación que cada día aparece más compleja y que ahora se ve intervenida por factores violentos.
