A nuestros niños los están abusando, violando y matando. Si las leyes no permiten que el Estado Colombiano quite la vida a estos monstruos, es hora de que el país adopte la cadena perpetua como castigo para todos aquellos que atenten contra lo más sagrado de nuestra sociedad.
A los niños no se les toca. Sin embargo, en Colombia, según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, el 70% de los casos que revisa la Sala de Casación Penal están relacionados con delitos contra menores de edad.
El número es alarmante. Lo grave es que la aplicación de las penas es baja. Lo más preocupante es que la solución propuesta es levantar la prohibición de negociación en este tipo de delitos para incentivar a los acusados a admitir su culpabilidad a cambio de rebajas en las penas.
Según Chaverra, las penas largas, como las de 40 o 50 años, a menudo no se cumplen en su totalidad y fomentan la impunidad, porque, por alta que sea la pena, el delincuente sabe que no se le aplicará en su totalidad.
Si bien los expertos en leyes, criminología y administración de justicia tienen buenas intenciones, gracias Dios esta solución incluida en el proyecto de reforma a la justicia parece que se hundirá en el Congreso.
Si el problema es la ejecución de la ley y de las penas, ¿es abrir la puerta a la negociación para este tipo de delitos la única solución? Y si no lo es, ¿es entonces la más efectiva?
La cadena perpetua es necesaria, pero no suficiente. Colombia necesita crear tribunales especializados en la administración de justicia para delitos contra menores. Estos deben venir acompañados de unidades investigativas de la Fiscalía General de la Nación y, sin duda, ambos recursos deben ir acompañados de mayores fondos para la rama judicial, es decir, mayor capacitación, tecnología, capacidades técnicas y personal comprometido en la protección de nuestros niños.
Si el Estado no está dispuesto a dar el 100% de lo que tiene a su disposición para proteger a nuestros niños, el mensaje solo puede ser uno: Señores congresistas, investigadores, jueces, magistrados, señor presidente y señores precandidatos presidenciales, apaguen y vámonos.
Un país nadando en coca es inseguro. Un país dividido es ingobernable. Un país empobrecido está estancado. Un país incapaz de proteger a sus niños es inviable; es un país sin futuro.
Si de aplicación de penas se trata, para tener efectos beneficiosos para la sociedad, las víctimas y, en general, para la comunidad, Colombia no solo necesita adoptar la cadena perpetua. Colombia necesita construir un centro de reclusión penal exclusivo para este tipo de criminales.
Al mejor estilo del CECOT del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un Centro de Confinamiento para Pederastas, Pedófilos, Abusadores Infantiles, Infanticidas, Explotadores de Menores, Depredadores Sexuales Infantiles y Violadores de Menores debe estar en cualquier plan de reforma a la justicia que el nuevo presidente de Colombia tenga a bien considerar.
Los expertos juristas podrán decir lo que quieran, pero no hay teoría ni estudio académico que soporte el peso del dolor que miles de monstruos están causando a los niños de nuestro país.
Si nuestros niños no pueden ir al parque, a la tienda, al colegio o tomar el bus en paz, ¿por qué monstruos como Luis Alfredo Garavito – “La Bestia”; Pedro Alonso López – “El Monstruo de los Andes”; Rafael Uribe Noguera; Daniel Camargo Barbosa – “El Sádico del Charquito”; Fabián Alberto Espitia – “La Bestia del Salado” y, por supuesto, Brayan Snaiter Campo, el asesino de Sofía Delgado, pueden vivir en condiciones humanas? Ellos, y todos los que atenten contra nuestros niños, solo merecen estar en un calabozo, hasta que mueran, y sin clemencia.