EUROPA PRESS
Las protestas por el aniversario del estallido social en Chile se han saldado con dos muertos, 450 detenidos, saqueos y diversos hechos violentos, según ha informado este martes Carabineros.
Una persona murió tiroteada durante la madrugada en medio del intento de una turba de arrasar con un local comercial en la comuna de Peñaloén, en Santiago, mientras que otra ha muerto en un accidente de moto en la comuna de La Granja, también en la capital chilena.
En un principio, la protesta se ha llevado a cabo de forma pacífica y los manifestantes se han concentrado, principalmente, en Plaza Baquedano, epicentro de las manifestaciones que comenzaron hace dos años para denunciar la desigualdad en la sociedad de Chile y que han derivado en la redacción de una nueva Constitución. No obstante, algunos grupos comenzaron a robar locales y quemar mobiliario público, según ha recogido Radio Cooperativa.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, ha apuntado a la responsabilidad de los candidatos presidenciales de Apruebo Dignidad (socialdemócrata), Gabriel Boric, y de Nuevo Pacto Social (centro-izquierda), Yasna Provoste, por la violencia en las manifestaciones.
«Una cosa es quienes cometieron los saqueos, quienes estuvieron en los desórdenes (…) pero más allá de los autores materiales de los delitos, ¿quiénes son los responsables finales de esta violencia?», se ha cuestionado Galli, que ha asegurado que «los responsables finales» son «quienes instalaron» en Chile «una sensación de impunidad, que cometer delitos violentos no era condenable en Chile».
Galli ha aludido así al proyecto de ley que busca indultar a los manifestantes detenidos en el estallido social, actualmente en trámite en el Senado chileno.
Entre otros incidentes, un grupo de manifestantes que participaban en las protestas en conmemoración del estallido social lograron irrumpir en la antigua sede del Congreso del país, donde se celebraba la sesión de la Convención Constituyente que fue, precisamente, resultado de las protestas.
El 18 de octubre de 2019, el pueblo de Chile salió masivamente a las calles para protestar por el alza del precio del transporte público, iniciando movilizaciones que se mantuvieron constantes durante varios meses y que canalizaron el descontento de la sociedad por la apabullante desigualdad. Las demandas escalaron rápidamente y una de las principales era la redacción de una nueva Carta Magna, ya que la vigente en aquel momento databa de la dictadura de Augusto Pinochet, que cayó en 1990.
El Gobierno de Sebastián Piñera, que declaró el estado de emergencia y un toque de queda para aplacar las movilizaciones, no escuchó las demandas de los ciudadanos en un primer momento, mientras el papel de las fuerzas de seguridad, especialmente los Carabineros, ha sido criticado por posibles excesos cometidos en sus intervenciones.
