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Procuraduría General de la Nación

Sancionan a exsubdirectora del Buen Pastor y otros funcionarios por fuga de Aida Merlano

Decisiones por la fuga de la excongresista ocurrida en 2019.

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FOTO: EFE

La Procuraduría General de la Nación ha destituido e inhabilitado por 8 años a la exsubdirectora del centro penitenciario El Buen Pastor, Katherine Lozano Forero, por su participación en la fuga de la interna Aida Merlano Robledo. La sanción se impuso por haber facilitado la salida de la condenada en 2019, durante su gestión al frente de la institución. Además, se sancionó a otros tres funcionarios involucrados en el incidente.

Entre los sancionados se encuentran el comandante de Custodia y Vigilancia, David Alexander Álvarez Cárdenas; la teniente en prisiones, Diana Cecilia Muñoz Miguez; y el dragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón. Los tres recibieron sanciones, siendo la más grave la de Álvarez Cárdenas y Muñoz Miguez, quienes fueron sancionados con 8 años de inhabilidad. Ballesteros Rincón fue suspendido por tres meses.

La investigación de la Procuraduría exige que Lozano Forero aprobó los documentos judiciales para el traslado de Merlano a un consultorio médico en dos ocasiones, el 26 de septiembre y el 1 de octubre de 2019. Según los hallazgos, estas acciones facilitan su fuga, ya que no se tomarán las medidas de seguridad necesarias en esos traslados.

Por otro lado, la autoridad disciplinaria también verificó que Álvarez Cárdenas, mientras estaba de vacaciones, firmó la remisión médica de Merlano al centro odontológico “Clínica de la Sabana” en Bogotá, sin las garantías de seguridad pertinentes. Esta irregularidad fue uno de los factores que permitió a la interna escapar.

Además, la Procuraduría constató que Muñoz Miguez fue responsable de entregar las boletas hospitalarias y la orden judicial para que Merlano fuera trasladada a la clínica con el objetivo de realizar un procedimiento estético dental. Este acto también contribuyó al plan de fuga de la reclusa.

La decisión del ente de control subraya que estos funcionarios vulneraron principios fundamentales de la función pública, como la moralidad, responsabilidad y transparencia. En consecuencia, la Procuraduría calificó las faltas del comandante y la teniente como gravísimas, con dolo, mientras que la de Lozano Forero se manifestó gravísima por culpa gravísima, y ​​la de Ballesteros Rincón como grave por culpa.

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