La Procuraduría General de la Nación solicitó la nulidad del fallo emitido por un juez en Santa Marta, que ordenó la suspensión inmediata de las actividades de exploración y explotación en el pozo Uchuva, ubicado en el área de interés de perforación exploratoria Tayrona, en el mar Caribe. La decisión judicial ha generado preocupación por sus implicaciones en la seguridad energética del país.
Gustavo Guerrero, delegado de Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios de la Procuraduría, expresó que esta acción judicial, junto con la situación del pozo Komodo-1, está poniendo en riesgo el suministro de gas en Colombia. "Se está poniendo en riesgo la seguridad energética del país, en cuanto al suministro de gas", afirmó Guerrero, resaltando la importancia de mantener la operatividad en estos proyectos.
El fallo del juez, que ordenó la suspensión de la perforación y exploración del pozo Uchuva, ha sido calificado por la Procuraduría como "sumamente preocupante", especialmente en un contexto donde se necesitará todo el gas disponible para térmicas, automóviles y el suministro domiciliario. La Procuraduría advirtió que la paralización de estas actividades podría afectar significativamente la capacidad del país para abastecer de gas a diversos sectores.
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Además de solicitar la nulidad del fallo, la Procuraduría pidió al Tribunal de Segunda Instancia que vincule a las entidades pertinentes, como la AUNAP, INVEMAR, DIMAR y las Capitanías de Puerto de Riohacha y Magdalena, para que respondan a la demanda presentada por el gobernador indígena de la comunidad de Taganga. La Procuraduría considera que la participación de estas entidades es crucial para un proceso judicial justo y completo.
Finalmente, el Ministerio Público instó a la ANLA a garantizar el cumplimiento de la licencia ambiental y sus modificaciones, así como a asegurar la participación ciudadana, especialmente del cabildo indígena Taganga, en el seguimiento y control de las actividades en el pozo Uchuva. La Procuraduría subrayó la importancia de incluir a todas las partes interesadas en este tipo de decisiones, para proteger tanto el medio ambiente como los derechos de las comunidades locales.
