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INPEC traslada a más de 3000 reclusos para cumplir fallo de la Corte Constitucional sobre crisis carcelaria

De estos, 363 reclusos han sido trasladados en Bogotá a cárceles como “La Modelo” y “La Picota”.

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Foto: Hansel Vásquez.

El INPEC llevó a cabo el traslado de 2949 personas privadas de la libertad de centros de detención transitoria en Colombia, en cumplimiento con un fallo de la Corte Constitucional que ordenó tomar medidas para mitigar la crisis carcelaria en el país. Esta medida incluye la reubicación de 363 reclusos en Bogotá, quienes fueron distribuidos en distintas cárceles de la ciudad para mejorar las condiciones de detención.

En Bogotá, 363 personas que se encontraban en centros de detención transitoria fueron trasladadas a la cárcel “La Modelo”, donde se reubicaron a 128 personas privadas de la libertad (PPL), mientras que 115 fueron llevadas a “La Picota”. Adicionalmente, 120 personas más están a la espera de ser reubicadas en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), lo que se llevará a cabo en el transcurso de la semana.

El INPEC indicó que el traslado de los 2949 reclusos se ha venido realizando desde la expedición del Auto A-1096 por parte de la Corte Constitucional, emitido el 29 de julio de este año. Este auto ordenó la implementación de medidas urgentes para reducir el hacinamiento en los centros de detención transitoria y mejorar las condiciones de los reclusos en todo el país.

Con estas acciones, el INPEC busca cumplir con lo establecido en el fallo de la Corte Constitucional, el cual establece que se deben garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Esto incluye el acceso a la justicia, la información, la salud, la alimentación, la higiene y la participación en procesos de resocialización, tales como el estudio, trabajo, actividades culturales y recreativas.

El objetivo de las medidas adoptadas por el INPEC es humanizar las condiciones de reclusión de los internos, a través de su participación en programas de resocialización que buscan integrar actividades educativas y recreativas. De esta manera, se pretende asegurar un trato digno para las personas privadas de la libertad, cumpliendo con los principios establecidos por la Corte Constitucional.

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