La Procuraduría General de la Nación reveló presuntos casos de cobros coactivos ilegales en diversas Empresas Sociales del Estado (ESE) en el país, lo que derivó en el descubrimiento del denominado ‘Cartel de los Hospitales’. La estructura estaría conformada por funcionarios, abogados y jueces, quienes habrían recurrido a medios irregulares para apropiarse de recursos públicos asignados a la atención en salud.
Desde el año 2023 se implementó la Circular 02, y a partir de entonces, se remitieron los casos a la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el operador disciplinario. En estos casos, representantes legales de las ESE y jueces habrían llevado a cabo medidas de embargo sobre fondos que, conforme a la ley, son inembargables. La Procuraduría informó que estas acciones habrían violado el carácter de inembargabilidad de los recursos, salvo en situaciones excepcionales definidas por la Corte Constitucional.
El Ministerio Público ha estado monitoreando las actuaciones de estos actores y, al evidenciar posibles irregularidades en los cobros, la Fiscalía y el grupo contra la corrupción de la Dijin, en conjunto con la Policía Nacional, emprendieron una investigación detallada. La evidencia recopilada apunta a que los procedimientos de cobro coactivo se realizaron en contravención a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, lo que impulsó la apertura formal de procesos judiciales.
Además, se señaló la participación de un grupo de abogados que, mediante asesorías legales a los representantes de las ESE, se habrían beneficiado con hasta el 30 % de los recursos parafiscales recolectados ilegalmente. Estos fondos, destinados exclusivamente a la salud, habrían sido redirigidos para el pago de honorarios, pese a que legalmente no podían usarse para otros fines.
La Procuraduría también informó que algunos jueces y representantes legales pasaron por alto lo estipulado en la legislación vigente, promoviendo embargos y emitiendo resoluciones administrativas para retener fondos multimillonarios administrados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Como respuesta a esta situación, se alertó a la Superintendencia Financiera de Colombia, que emitió la Circular 052 de 2024 para guiar a sus entidades vigiladas.
