La Corte Constitucional de Colombia ha emitido un ultimátum al Gobierno, otorgándole un plazo de seis meses para resolver los problemas de hacinamiento en Unidades de Reacción Inmediata y Estaciones de Policía. El alto Tribunal calificó la situación en los Centros de Detención Transitoria como "una tragedia humanitaria, que avergüenza al país y no puede permanecer huérfana de atención".
En respuesta a esta situación, la ministra de Justicia, Angela María Buitrago, declaró que aún no han sido informados formalmente de dicho ultimátum. Buitrago señaló que "deshacinar no solo es crear más cárceles, es pensar en las necesidades y derechos humanos de la población y trabajar con el impacto fiscal, el sistema carcelario requiere mucho dinero".
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La orden de la Corte Constitucional incluye el traslado inmediato de personas condenadas que permanecen en Centros de Detención Transitoria, priorizando mujeres embarazadas y personas mayores. Además, se exige la creación de un plan en seis meses para el deshacinamiento, garantizando acceso adecuado a la salud, alimentación e higiene.
Según datos proporcionados por la ministra Buitrago, el sistema carcelario formal presenta un hacinamiento del 31%, mientras que en los centros de detención transitoria alcanza un 525%. "Tenemos un hacinamiento real de más del 31 en los sistemas carcelarios formales, si bien es cierto, el transitorio es el más grave, tenemos un 525% de hacinamiento", afirmó la funcionaria.
