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Economía

La responsabilidad en la negociación del mínimo

La retórica y el discurso deben ser demostrados con hechos. El incremento del salario mínimo que se defina afecta de manera desproporcionada a las personas más vulnerables. Importante dejar de causarles daño.

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Decrecimiento de -0,3% del tercer trimestre de 2023 frente al mismo periodo en 2022. Una inflación persistente por encima del 10%. Desempleo y productividad, con resultados mixtos. El primero se reduce respecto del año 2022, pero aumenta mes a mes y la segunda empeora cuando se reporta la productividad total de los factores y la productividad laboral, pero mejora por muy poco al medirse por hora.

En este contexto, inició la negociación sobre el salario mínimo de 2024. Esta es una decisión que debe tomarse con mucha responsabilidad.
Vale la pena anticiparse a dos contraargumentos recurrentes. El primero consiste en señalar que igual un salario mínimo bajo no crea necesariamente empleo. Pues sí. Así es. La creación de empleo depende de muchas variables, siendo una de ellas el contexto institucional. Y el salario mínimo forma parte de este. En general, unas regulaciones laborales adecuadas son condiciones necesarias, pero no suficientes para la creación de empleo.

El segundo es un debate de tipo normativo, desde el deber ser. Se considera que el salario mínimo debería ser independiente de, por ejemplo, la productividad. Puede ser. Pero este deseo no cambia la realidad de cómo se toman las decisiones.

Además, detrás de esa visión, hay un error conceptual: las condiciones de los trabajadores son independientes de las regulaciones laborales. Un mayor ingreso no se decreta, sino que depende, así no se quiera, de variables económicas, como la demanda y oferta del trabajo, la existencia de monopsonio, los salarios de mercado…y, sí, la productividad.

Con estas aclaraciones, se debe señalar que el salario mínimo actúa como un piso al precio de la mano de obra. Este carácter puede tener diversos efectos perversos, de los cuales menciono dos.
Primero, la inflación. Incrementos desproporcionados (esto es, desvinculados de incrementos en productividad) al salario pueden inducir problemas inflacionarios. Esto es así, puesto que hay más dinero circulando en la economía, mientras que lo ofrecido no se incrementa en la misma medida. Habría que preguntarse qué tanto de esa persistente inflación se debe, precisamente, a los incrementos que se han hecho al salario mínimo en los últimos años, muy por encima de la productividad.

Segundo, incrementos desmedidos pueden tener efectos en la desigualdad. No solo muchas personas que buscan trabajo pueden quedarse desempleadas, sino que tal vez los incrementos al salario mínimo no resultan beneficiando a los trabajadores de menores ingresos. Ahí está el caso, por ejemplo, de los trabajadores que reciben el salario mínimo integral y que han sido beneficiarios de los incrementos de años recientes.

Otro de los efectos en relación con la desigualdad es la exclusión del mercado laboral. Al observar los datos de desempleo, es evidente que este afecta en mayor proporción a mujeres, jóvenes, afrocolombianos y a habitantes de ciudades como Quibdó o Florencia. Incrementos exagerados pueden profundizar esta situación.

El país debería comenzar a debatir en serio la posibilidad de pasar a un salario mínimo regional, sectorial o, incluso, contemplar la posibilidad de eliminar del todo el establecimiento de un salario mínimo. Pero como esto no va a suceder en el corto plazo, sí es importante que los negociadores, así como el gobierno, en caso de tener que tomar la decisión por decreto, reconozcan la importancia y la responsabilidad que tienen en sus manos.

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