El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) decidió reducir los viáticos de los funcionarios públicos, estableciendo un ajuste que disminuirá del 90 % al 75 % de la escala autorizada por decreto. Esta medida, que comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2025, se enmarca dentro de un plan de austeridad, con el objetivo de garantizar una administración pública más eficiente y responsable.
Según informó el Dapre, este ajuste afectará principalmente a los niveles directivos y asesores en los grados 14 a 10, así como a los asesores presidenciales de los grados I a III. La entidad detalló que la reducción se aplicará en los viáticos asignados a estos funcionarios, como parte de un esfuerzo por reducir el gasto público y mejorar la gestión fiscal del Estado.
La decisión de implementar esta medida responde a las instrucciones de ajuste. Entre las acciones complementarias, se destaca una reducción del 30 % en los gastos logísticos y del 25 % en los contratos de víveres, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos del gobierno.
De acuerdo con la directora del Dapre, Laura Sarabia, estas acciones son fundamentales para mejorar la sostenibilidad fiscal del país. Sarabia explicó que estas medidas son una muestra del compromiso del gobierno con un manejo responsable de los recursos públicos y con la implementación de políticas que contribuyen a la eficiencia y ahorro del Estado.
El plan de austeridad también incluye otras iniciativas que buscan la reducción de gastos innecesarios en distintas áreas del gobierno, lo que forma parte de un esfuerzo mayor para mejorar la situación económica del país. Sin embargo, las autoridades aclararon que estas medidas no afectarán el funcionamiento de los servicios esenciales ni la operatividad de las entidades públicas.
Se espera que las reformas en curso sean evaluadas en los próximos meses, a medida que el gobierno continúa implementando ajustes en sus políticas fiscales. La reducción de viáticos es uno de los primeros pasos en este proceso de optimización de los recursos públicos, y su impacto será monitoreado por las autoridades competentes.
