La plenaria de la Asamblea Departamental de Antioquia aprobó, con 14 votos a favor y 10 en contra, la implementación de una nueva tasa especial de seguridad que se aplicará a través de los servicios públicos, comenzando en 2025. Esta tasa se cobrará exclusivamente a los estratos 4, 5 y 6, lo que implica un impacto directo sobre un segmento específico de la población.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, defendió la medida al señalar que es “la única alternativa” para que la Gobernación pueda recaudar los $1,2 billones necesarios durante el cuatrienio restante. Según Rendón, la tasa se justifica como una fuente de financiamiento para proyectos de seguridad y desarrollo en la región.
El gobernador explicó que la mayoría de los suscriptores residenciales no serán afectados, ya que el 85% de ellos no tendrá que pagar la tasa. Además, indicó que más del 60% de los suscriptores no residenciales pagarían menos de $30.000 mensuales, lo que limita el impacto económico para estos grupos.
Los fondos recaudados se destinarán a varios proyectos, como la instalación de cámaras de seguridad, con una inversión de 600.000 millones de pesos; la construcción de placas polideportivas, que recibirá 300.000 millones; y el fortalecimiento de las fuerzas armadas, con 114.000 millones para el Ejército y la Policía. También se contempla la construcción de una cárcel departamental con una inversión de 194.000 millones de pesos.
Sin embargo, la medida ha enfrentado oposición desde diversos frentes. Empresas Públicas de Medellín (EPM), a través del alcalde Federico Gutiérrez, manifestaron su rechazo, afirmando que no permitirá que la sobretasa se aplique en las facturas de servicios públicos. Gutiérrez argumentó que “no estoy de acuerdo con nuevos impuestos o tasas a ciudadanos y empresas”, y agregó que como presidente de la Junta Directiva de EPM no permitirá el cobro de esta tarifa.
La oposición también se ha ampliado a otros sectores, como el empresarial. María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, expresó su preocupación al afirmar que hay “empresas luchando por sobrevivir” y que este nuevo impuesto agrava aún más la situación económica local. Según Bernal, la medida afecta a un sector ya golpeado por las dificultades económicas a nivel nacional.
