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Gobierno Nacional

Trescientas familias desplazadas por choques entre grupos armados en noroeste de Colombia

Unas 300 familias de población afrocolombiana e indígena han tenido que salir de sus casas, víctimas de desplazamiento forzado, en la zona del río San Juan, en el selvático departamento del Chocó (noroeste de Colombia), por los enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Foto tomada de expreso.ec

Se trata de unas 1.500 personas que han llegado en los últimos días a las cabeceras municipales de Istmina y Nóvita, desde el San Juan, un río cuyas comunidades se ven expuestas constantemente a los enfrentamientos entre grupos y a su control, según reportó este domingo la Defensoría del Pueblo.

«Desde la Defensoría del Pueblo estamos acompañando a las comunidades chocoanas de Charco Largo, Barrancón, Barranconcito, Charco Hondo, en zonas apartadas de Sipí, que fueron desplazadas hacia la cabecera municipal de Istmina; y a las comunidades de Santa Bárbara, Cajón, San José y Torrá, de la zona rural de Nóvita», informó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Además, la Defensoría alertó que también hay «un importante número de familias» que no han podido huir de la violencia por «el riesgo de posibles nuevas confrontaciones entre los grupos armados» y están confinados y expuestos a los riesgos del conflicto.

«Debido a la compleja situación que está a punto de desbordar la capacidad de las entidades locales, exhorto a las autoridades nacionales y departamentales a tomar las medidas pertinentes para mitigar las carencias humanitarias de las comunidades étnicas afectadas«, pidió Camargo.

Muchas de las familias, según esta organización estatal, salieron después de que el ELN les amenazase diciendo que no podían seguir en los territorios ya que la disputa con los paramilitares del Clan del Golfo, también llamados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), se iba a agravar.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también se pronunció hoy sobre la situación en Nóvita y Sipí, alegando que han documentado «violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)».

Habrá una comisión del Gobierno en la zona, según la ONU, que llamó a los grupos armados «a respetar el DIH y en particular los principios de precaución, proporcionalidad, distinción y humanidad».

«Instamos al Estado a proteger y atender a la población. Recordamos a los grupos su obligación de respetar derechos a la vida, integridad y asistencia humanitaria para la población que no participa de las hostilidades», dijo la oficina de la ONU.

Esta zona es un escenario habitual de combates entre estos dos grupos, después de que el ELN haya perdido influencia en la zona y las AGC estén extendiendo su control desde el Caribe y la frontera con Panamá por el Pacífico hacia el sur.

La población queda constantemente expuesta a este tipo de desplazamientos forzados y también a confinamientos que les menguan las posibilidades de buscar alimentos, cultivar sus fincas o buscar ayuda médica. EFE