El capitán de la Policía José Fernando Llanos, es un curtido oficial que le ha servido a la institución por más de 23 años. Ha sobrevivido a seis directores de la Inspección General y es considerado como uno de los mejores investigadores de asuntos internos. Ha participado en los más importantes casos en los que se han destapado ollas de corrupción al interior de la institución y hoy ocupa el delicado cargo de Jefe del Grupo Especial de Investigaciones.
Su nombre ha sido clave en las indagaciones que han adelantado los organismos de control –Procuraduría, Contraloría y Fiscalía– para determinar la responsabilidad del director general de la Policía Nacional Óscar Atehortúa, en el proyecto de vivienda en el Centro Nacional de Operaciones –Cenop–, ubicado en el municipio de San Luis, Tolima, donde se entrenan los cuerpos élites y en el que están refundidos más de 17.000 millones de pesos.
Tanto la Procuraduría como la Contraloría, ya tomaron las primeras medidas contra el director de la Policía. La Procuraduría lo llamó a juicio disciplinario por haberse extralimitado en sus funciones y el de haber incurrido en tráfico de influencias, utilizando su cargo como director. El Ministerio Público señala en el documento de 72 páginas que el general Atehortúa se aprovechó de su cargo para jalar algunas cuerdas y evitar que la investigación avanzara. Para la Procuraduría el hecho reviste tal gravedad que le solicitó a la Fiscalía que investigue, en lo penal, al director de la Policía por estos hechos.
A su vez la Contraloría no se quedó atrás y en un documento dirigido al general Atehortúa le deja en claro que no se realizó una adecuada planeación en el proyecto de la obra de las viviendas en el Cenop “causando un presunto daño fiscal por un uso improductivo que asciende a la cifra de 7.000 millones de pesos”. Y agrega que “conforme a lo precedente, esta observación tiene una presunta incidencia fiscal y disciplinaria. El documento de la Contraloría está firmado por María Fernanda Rojas, directora de Vigilancia Fiscal.
En palabras más claras y directas, el director de la Policía, Óscar Atehortúa deberá atender los llamados tanto de la Procuraduría como de la Contraloría por las anomalías encontradas en el proyecto de viviendas fiscales, que como director del Fondo Rotatorio de la institución, recibió a satisfacción un proyecto de vivienda inconcluso, sin alcantarillado, con buena parte de las viviendas sin ventanas, sin los acabados que estipulaba el contrato.
Pero el director de la Policía no solo tendrá que dar explicaciones sobre las anomalías del multimillonario contrato del proyecto de Cenop. También tendrá que comenzar a explicar el tráfico de influencias que ha ejercido para que oficiales como el capitán José Fernando Llanos, le dieran una mano desde la Inspección de la Policía y archivara el proceso contra el capitán Óscar Moreno Gómez, un arquitecto que había trabajado con Atehortúa en el Fondo Rotatorio de la Policía y que hizo las veces de supervisor del contrato de interventora de las obras de las viviendas fiscales. A pesar de que las obras no cumplían con los mínimos requerimientos del contrato, Moreno, por orden de Atehortúa firmó a satisfacción la entrega de las casas por las cuales la Contraloría reafirma que hubo un detrimento patrimonial por 7.000 millones de pesos.
Una serie de comunicaciones por chat entre los celulares de Llanos, Moreno y Atehortúa, y que hoy están en poder de las autoridades de control, demuestran cómo el director de la Policía movió todas sus influencias y fichas para forzar que Llanos archivara el proceso disciplinario contra el supervisor de las obras en el Cenop. (Ver facsímiles de los chats).
Los chat y audios que están en manos de Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, hacen parte del arsenal que esgrimirán en su momento los órganos de control, así como las múltiples denuncias de los oficiales investigadores que han sido hostigados, amenazados y trasladados de puestos por orden de Atehortúa para que dejen de un lado el caso.
El capitán Llanos ha vivido en carne propia el poder de intimidación que se maneja desde la dirección de la Policía a través del jefe de contrainteligencia el coronel Carlos Alberto Martínez, conocido al interior de la institución con el remoquete del “diablo”, que también ha sido denunciado ante los organismos de control por intimidación a oficiales de la Inspección General y que está en la mira de las autoridades, entre ellas el Ministerio Público que, “ha denotado en el coronel Martínez, un especial interés de blindar al director frente a la investigación”.
El pasado 30 de enero, cuando el capitán Llanos rendía declaración ante los procuradores sobre el tráfico de influencias, fue informado que el esquema de seguridad de sus hijos y esposa había sido retirado sin explicación alguna. Días antes había recibido una llamada anónima donde le advertían: “si abre la boca, acuérdese que tiene hijos y esposa”. No era la primera vez que Llanos era amenazado. Conoce como pocos investigadores el tráfico de influencias que ha movido Atehortúa para salir del lío de las casas fiscales. Conoce la intimidación de la que ha sido objeto por oficiales que le cuidan la espalda al director para que le bajara el tono a sus señalamientos ante los procuradores que han investigado el caso.
¿Por qué el capitán José Fernando Llanos es tan incómodo para la dirección de la Policía? Por la sencilla razón que tienen una serie de pruebas en audio que demuestran cómo fue presionado por oficiales cercanos al director de la Policía, durante reuniones clandestinas que se hicieron con el fin que archivara la investigación contra el capitán Moreno que había llegado a sus manos.
Esas pruebas de audios reposan en manos de la Fiscalía y se complementan con más de 15 mensajes a su chat, que recibió tanto del capitán Moreno, el propio director de la Policía y del teniente coronel Carlos Antonio Ardila, que ocupa el cargo de jefe de asuntos internos de contrainteligencia y que también las autoridades lo tienen en la mira. Todos ellos lo único que buscaban eran que el capitán Llanos archivara cuanto antes las investigaciones disciplinarias por la actuación de Moreno en el tema del proyecto de vivienda de las casas fiscales.
Los audios que están en poder de la Fiscalía son la prueba reina de la interferencia del grupo de oficiales que buscaron intimidar a Llanos en las diferentes reuniones clandestinas a las que lo citaron y que buena parte de ellas manejó el director de contrainteligencia, al que sus propios subalternos, le llaman el “diablo”.
Una de esas conversaciones –que conoció la Revista Alternativa– es la que sostiene Llanos con el coronel Martínez, en uno de los cafés Tostao, ubicados en Bogotá. Palabras más, palabras menos, “el diablo”, como lo conocen los investigadores de la Inspección General, lo intimida y le señala que debe decidir de qué lado está: si del director de la Policía o del Inspector General que a cualquier momento cambiaban. A lo largo de la conversación le hace todo tipo de ofrecimientos, de protección, de ser aliados incondicionales. Lo único que tenía que hacer era, desde su cargo como jefe del grupo especial de investigaciones, archivar la investigación contra Moreno. Y estar atento a otras investigaciones disciplinarias que se surtieran contra ellos.
“Nosotros estamos verificando algunas cosas para sacarlas y sentarnos a esperar decisiones, pero necesitamos que usted esté ahí para que sea nuestros ojos”, le dice el coronel Martínez en uno de los apartes de la conversación, donde además menciona a otros oficiales que le están ayudando al director de la Policía, para que el general William Salamanca, Inspector General, deje de investigar los hechos en el Cenop.
Pero con lo que no contaron el coronel Martínez, el coronel Ardila, el general Atehortúa, el capitán Moreno, es que Llanos grababa las conversaciones, salía de esas reuniones clandestinas, se dirigía a su oficina y se reunía con su equipo de trabajo, sus jefes y los ponía al tanto de lo que estaba pasando. Por esa razón el Inspector General, dio la orden de acelerar los procesos de investigación interna que se adelantaban en Cenop y de continuar con el proceso disciplinario contra Moreno.
Todas estas historias, audios, chats, denuncias de los oficiales perseguidos desde la dirección de la Policía, están en manos de los entes de control. Toda la investigación que adelanta el equipo del general Salamanca, hace parte de las pruebas que hoy han verificado los procuradores, los fiscales y los funcionarios de la Contraloría para determinar la responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal, por parte de Atehortúa en el proyecto de vivienda del Cenop.
En la medida que los funcionarios de los entes de control desenreden la madeja, el director de la Policía y sus defensores incondicionales, tendrán que dar muchas explicaciones sobre sus actuaciones. Mientras tanto, al interior de la institución sus asesores de imagen promueven masivamente por la red de comunicaciones: “Yo apoyo a mi general”. Habrá que esperar si la campaña virtual aguanta tanto para que en Casa de Nariño lo sigan sosteniendo y los hilos del general Atehortúa no se rompan.
