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donald trump

El muro legal contra los indocumentados

El Congreso de los Estados Unidos estudia una serie de medidas legislativas, solicitadas por el gobernador DeSantis, para ponerle freno al ingreso de migrantes indocumentados al estado de Florida. De aprobarse, habría cárcel de hasta cinco años para quienes ayuden a los migrantes ilegales y se exigirá a los hospitales reportar el estatus migratorio de sus pacientes.

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En su período como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump impulsó la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México para controlar el ingreso de migrantes ilegales a territorio estadounidense. Aunque se invirtieron más de 15 mil millones de dólares, quedó incompleto uno de los megaproyectos más costosos en la historia de ese país.

Hoy, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, impulsa en el Congreso un nuevo muro antimigratorio, pero esta vez no de concreto ni de barras de acero, sino conformado por una serie de medidas legislativas que convertirán a este estado en el más duro para penalizar no sólo a los inmigrantes sino a los ciudadanos y empresas que ayuden a las personas indocumentadas en este territorio. Además, las autoridades migratorias podrán rastrear en los hospitales los costos incurridos al brindarles atención médica, es decir, acceder a la información del estatus migratorio de los pacientes a través de los reportes por parte de los servicios de salud.

El nuevo proyecto de ley viene haciendo trámite en Washington desde hace varias semanas: ya fue aprobado en la Cámara y ahora está en curso en el Senado, donde tendrá un trámite más expedito, por el control del que hoy goza el Partido Republicano.

DeSantis ha señalado que la Florida no puede convertirse en un estado suntuario para la población indocumentada. Los analistas políticos han señalado que, de aprobarse estas medidas migratorias, sólo serían comparables con las asumidas por los estados de Arizona y Texas para frenar la entrada de migrantes provenientes de la frontera con México.

También se ha señalado que las medidas impulsadas por el gobernador DeSantis son en respuesta a la agenda de fronteras abiertas que ha tenido el gobierno del presidente Biden, que según DeSantis ha permitido un aumento sin control de migrantes ilegales, por lo que busca con ellas hacerle frente a esta delicada situación.

Ron DeSantis, gobernador de la Florida.

Si el Congreso aprueba las medidas, expondría a delitos graves a todos aquellos ciudadanos que den albergue, trabajo o transporte a personas indocumentadas. Para ello estipula penas de cárcel hasta por cinco años. Igualmente, los hospitales y centros médicos tendrán la obligación de preguntarle a los pacientes su estatus migratorio antes de recibir cualquier atención y, de ser irregulares, deberán informar de inmediato a las autoridades de la Florida.

Otras de las medidas que ha impulsado DeSantis ante el Congreso es la de invalidar las licencias de conducción otorgadas a ciudadanos indocumentados en otros estados, así como prohibir que inmigrantes ilegales sean admitidos en el Colegio de Abogados de la Florida.

Mientras el Senado estudia este paquete de medidas, que ya pasó la aprobación de la Cámara, el gobernador impulsa, paralelamente, medidas locales con el fin de eliminar la matrícula universitaria estatal para todos aquellos estudiantes sin papeles migratorios regularizados y que han sido beneficiarios del programa de Acción Diferida para los llegados de la Infancia, durante el gobierno de Obama, los conocidos coloquialmente como dreamers.

Para el Partido Republicano, el aumento del ingreso de migrantes al país es un tema que se debe abordar con medidas restrictivas que permitan un mayor control. Sólo el año pasado ingresaron ilegalmente más de 2.5 millones de personas.

La ola de personas indocumentadas que han llegado a la Florida ha sido enorme. Durante el 2022 por los Cayos ingresaron más de 800 mil personas procedentes de Cuba y Haití.

Los costos de atención médica para esta población supera los 300 millones de dólares al año. Los índices de crimen e inseguridad han tendido al crecimiento, así como la disminución del trabajo y salarios para los ciudadanos estadounidenses.

Los críticos de estas medidas, señalan que lo que buscan es promover la discriminación racial, sembrar el miedo entre quienes esperan resolver su situación migratoria, en lugar de buscar una solución de fondo y real a los más de 10 millones de indocumentados que tiene el país.

El gobernador DeSantis no dará su brazo a torcer en su lucha contra la migración ilegal, más aún cuando se perfila como un serio aspirante a la Presidencia por el Partido Republicano de cara a las próximas elecciones.