El Estado no puede ir por ahí creando inocentes a partir de categorías abstractas. Si la responsabilidad penal es individual, entonces la despenalización también debería serlo, a riesgo de crear un colectivo que alegará siempre su inocencia como prevalente.
Jaime Eduardo Arango. Analista y consultor. Twitter: @jaimearango9
El agravamiento de la inseguridad no obedece a causas económicas o sociales, obedece a causas políticas, por lo tanto, la forma de establecer un ambiente de seguridad es sustituyendo las políticas que generaron dicha inseguridad y negándoles el acceso al poder a los políticos que la promovieron.
Quienes determinaron la culpabilidad de la sociedad, crearon el ambiente para la expansión del crimen, y puesto que esta culpabilidad se promocionó para cuestionar los derechos de propiedad y libre mercado, el delincuente pasó a ser un agente político, un testimonio moral sobre la desigualdad, superior, en este sentido, a sus víctimas.
La criminalización del ciudadano comienza con cosas aparentemente simples. En un momento dado, los administradores de una ciudad se muestran incapaces de atender la necesaria expansión de la malla vial y trasladan el costo de su ineptitud a la gente, imponiendo una veda forzosa al uso de los automóviles particulares, aduciendo que esa propiedad es responsable del atasco que ellos mismos crearon y que el uso del automóvil es maligno, antisocial e insolidario.
En resumen, el poseedor de un auto es mala persona, además es infeliz, en contraste con los alegres ciudadanos que usan bicicleta, así que… qué más da si le roban su auto. Subyacente a este relato está la realidad de un ataque contra el individualismo y la libertad de movimiento que supone el automóvil.
Estos procesos de colectivización favorecen la creación de entornos inseguros, así como las restricciones al comercio y las normas regulatorias al empleo crean mercados ilegales y propician la criminalidad organizada. El uso de la fuerza para restringir a los ciudadanos limita la capacidad para perseguir a los delincuentes. Se usa vigilancia policial para supervisar la hora de cierre de establecimientos, actividades en parques y calles, comercio de bebidas alcohólicas, drogas de entretenimiento y hasta contenido de los alimentos.
Nada esto ha servido, por ejemplo, para rebajar la cantidad de homicidios producidos por riñas, ni para hacer más seguras las calles, y la razón es que las libertades ciudadanas no son el problema. Es un error de la política, no de falta de recursos.
Los colectivistas, de izquierda o derecha, que se han hecho cargo de las ciudades contemporáneas consideraron que, a menor libertad, mayor seguridad. Reprimir a los ciudadanos y romper la igualdad ante la ley, privilegiando supuestas víctimas de estos ciudadanos.
El lamentable resultado de esta visión es hoy patente en Nueva York, San Francisco, o París y catastrófico para Bogotá o Ciudad Juárez. Eximir a siete mil personas de consecuencias penales, porque son mujeres y son algo llamado “cabezas de familia”, es exactamente el tipo de política discriminatoria que incentiva la inseguridad.
El Estado no puede ir por ahí creando inocentes a partir de categorías abstractas. Si la responsabilidad penal es individual, entonces la despenalización también debería serlo, a riesgo de crear un colectivo que alegará siempre su inocencia como prevalente.
Más libertad es más seguridad. Regular la acción humana y reprimir a los ciudadanos empeora el ambiente de incertidumbre y propicia el crimen, a no ser que el Estado tome la totalidad del control al estilo cubano y en ese caso el único criminal sea el Estado mismo.
Es imperativo recuperar la igualdad ante ley. No pueden existir minorías exentas, ni privilegiadas, ni justificadas frente al cumplimiento de las normas. El crimen se puede explicar, pero no justificar, el terrorismo es el resultado de la justificación moral del crimen y los políticos al culpabilizar al ciudadano común crearon ciudades y países peligrosos, inciertos e inestables. Solo a ellos les corresponde la responsabilidad de la inseguridad.
